La Superintendencia de Industria y Comercio impulsará una reforma estructural al Título V de su circular única para armonizar la vigilancia nacional con las recientes leyes de habeas data. Esta actualización normativa integrará formalmente las disposiciones de las leyes estatutarias 2157/21 y 2573/26, asegurando que los procedimientos administrativos de protección de información financiera y crediticia respondan a los estándares vigentes de la Corte Constitucional.

El proyecto busca simplificar la interacción de los ciudadanos con el sistema, eliminando barreras como la exigencia de intermediarios o abogados para el trámite de consultas digitales. (Lea: Consumidor tiene derecho a saber valor total de los servicios financieros, incluyendo costos asociados)

El nuevo marco regulatorio establecería protocolos estrictos para la gestión de casos de falsedad personal en el historial crediticio. Las fuentes de información tendrán la obligación de incluir la leyenda "víctima de falsedad personal" tras una verificación sumaria de documentos en un plazo máximo de 10 días hábiles. Esta medida prohibirá explícitamente que dicha anotación afecte la  calificación de riesgo o los estudios financieros del titular, operando exclusivamente como un mecanismo de seguridad intensificada. Asimismo, se implementarán bloqueos automáticos de reportes negativos cuando las fuentes omitan la certificación semestral de las autorizaciones previas de los usuarios.

La autoridad nacional ampliará el listado de territorios considerados con un nivel adecuado de protección de datos para facilitar el flujo transfronterizo de información. Países como Brasil, Ecuador, Kenia, Panamá y Sudáfrica se incorporarán a la lista de destinos seguros para la transferencia internacional de datos personales, tras verificarse que cuentan con autoridades independientes y marcos legales equivalentes al colombiano. Este ajuste potenciará el intercambio comercial y tecnológico, permitiendo a las empresas nacionales operar con menores cargas administrativas al transferir activos digitales hacia estas jurisdicciones bajo estándares de seguridad globales.

Nuevos términos para el Registro Nacional de Bases de Datos

Las sociedades y entidades públicas con activos superiores a 100.000 UVT enfrentarán un calendario de actualización más riguroso en el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD). A partir del año 2027, el reporte anual de novedades deberá efectuarse entre junio y agosto, mientras que los cambios sustanciales en las políticas de tratamiento exigirán una notificación dentro de los 10 días hábiles siguientes a su implementación. El proyecto también reafirmará el principio de gratuidad absoluta en la consulta de historial crediticio por cualquier canal, consolidando la transparencia como el eje central de la administración de información personal en el país.

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