El Ministerio de Educación adopta medidas extraordinarias en materia de calendario académico y del programa de alimentación escolar (PAE) para los departamentos afectados por la emergencia económica, social y ecológica declarada el 11 de febrero.

La decisión se sustenta en los efectos de los eventos hidrometeorológicos que han causado daños significativos en infraestructura educativa, productiva y comunitaria, afectando la continuidad del servicio educativo en ocho regiones del país. (Lea: Estas son las medidas ambientales derivadas del estado de emergencia económica)

Afectaciones en sedes educativas y población estudiantil

Según reportes del Ministerio de Educación, entre el 5 y el 8 de febrero se pasó de 426 a 763 sedes educativas con anormalidades, principalmente en Antioquia, Córdoba y Magdalena. La emergencia también impacta a estudiantes y trabajadores de instituciones de educación superior en departamentos como La Guajira, Valle del Cauca y Atlántico. Además, la situación genera riesgo de suspensión del calendario escolar en las zonas más afectadas, lo que compromete el derecho fundamental a la educación de más de 1,4 millones de estudiantes registrados en el SIMAT en los territorios incluidos en la declaratoria.

Garantía del PAE fuera de la jornada escolar

El decreto modifica las leyes 2167/21 y 1176/07 para permitir que los beneficiarios del PAE reciban alimentos por fuera de la jornada escolar y de las instituciones educativas en caso de suspensión de clases o implementación de trabajo académico en casa. Esta medida busca asegurar la continuidad del complemento alimentario para 1.168.808 niños, niñas, jóvenes y adolescentes focalizados en los municipios afectados, evitando interrupciones en su nutrición y permanencia en el sistema educativo oficial.

Aplicación temporal y alcance territorial

Las disposiciones aplican exclusivamente a los ocho departamentos incluidos en el Decreto 150/26: Antioquia, Córdoba, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. El beneficio operará mientras persistan las condiciones de emergencia y hasta que se normalice la prestación del servicio educativo en cada territorio. El decreto entra en vigencia desde su publicación y permite ajustar temporalmente los mecanismos de acceso al PAE ante escenarios excepcionales derivados de la crisis climática.

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