Cuando la autoridad judicial liquida un crédito de vivienda, dentro de un proceso ejecutivo, sin tener en cuenta los lineamientos contenidos en la Ley 546 de 1999 y en la Resolución 007 del 2000 vulnera el derecho al debido proceso. Así lo indicó la Corte Suprema de Justicia al confirmar la tutela concedida a una entidad bancaria frente a decisiones judiciales que habían creado un sistema particular de liquidación del crédito hipotecario y que concluía que el sistema pactado por las partes no debía incluir un porcentaje de crecimiento, sino uno de decrecimiento (M.P. Arturo Solarte Rodríguez).