La Procuraduría General de la Nación recordó que cuando la Corte Constitucional hace el correspondiente estudio de constitucionalidad de los tratados internacionales firmados por Colombia y de sus leyes aprobatorias, dictadas con posterioridad a la Constitución de 1991, esta decisión es definitiva y hace tránsito a cosa juzgada absoluta. Por tal razón, el Ministerio Público le pidió al alto tribunal que se esté a lo resuelto en la Sentencia C-276 del 2003, mediante la cual se declaró exequible el Tratado de Derecho Civil Internacional y su ley aprobatoria (Ley 33 de 1992), demandados ahora por supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y no discriminación de la mujer.