La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que devuelva al Congreso el proyecto de ley estatutaria que crea el Estatuto de Ciudadanía Juvenil (P. L. 169/11S-084/11C), por posibles vicios subsanables que comprometerían su constitucionalidad. Según el Ministerio Público, la norma le entregaría facultades al Presidente de la República para que expida decretos con fuerza de ley para regular derechos y garantías de los jóvenes pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, Rom y negras, entre otras, sin que se someta a consulta previa, lo cual es abiertamente inconstitucional. Adicionalmente, la Procuraduría estima necesario que se aclare la disposición que permite recursos del sector privado y de cooperación internacional para financiar mecanismos adoptados en la norma, pues “contradice la naturaleza, sentido y alcance constitucional de las leyes estatutarias”.