Para promover el proceso de pertenencia no basta con el anexo de un certificado cualquiera expedido por el registrador de instrumentos públicos, sino uno que indique con claridad con respecto al inmueble quiénes figuran como titulares de los derechos reales sujetos a registro. Así lo dijo la Corte Suprema de Justicia al precisar que este requisito es necesario para garantizar el derecho de defensa de las personas que figuran en el certificado como titulares de derechos reales por medio del llamado como partes dentro del proceso. La corte encontró que una certificación que daba fe de no hallar información registral no podía demostrar que respecto del inmueble no existía titular de derechos reales (M.P. William Namén Vargas).