La Corte Constitucional señaló que es legítimo afectar la integridad de la familia para proteger a los niños y adolescentes y brindarles un medio efectivo para su desarrollo, pues así se materializa el interés superior del menor. El alto tribunal reiteró que cuando interviene el Estado debe hacerlo justificada y proporcionalmente, ya que ante todo debe preservar la unidad familiar. En otras palabras, la separación entre los miembros de la familia debe ser proporcional y gradual y utilizarse como la ultima ratio. De esta forma, concluyó que separar al hijo de su madre debe ser una medida excepcional, pero procedente en situaciones de urgencia, dado que no se trata de la sobrevivencia de un vínculo formal, sino del apoyo a una institución básica de la sociedad (M.P. Juan Carlos Henao Pérez).