Los jueces civiles que conocen de los procesos en los que se cuestiona la propiedad del Estado deben ordenar pruebas de oficio, para amparar derechos fundamentales y proteger esos bienes. Así lo estableció la Corte Constitucional al recordar que esos inmuebles le interesan a la comunidad en general y esto le exige al juez un mayor cuidado en su actuar. Al respecto, la Corte indicó que una omisión de ese tipo viola el acceso a la administración de justicia. En el caso concreto, la corporación concluyó que los juzgadores de primera y segunda instancia incurrieron en vía de hecho por defecto fáctico al no determinar certeramente la naturaleza del bien disputado en un proceso de pertenencia ejercido contra el Inurbe en liquidación, pues omitieron la práctica de pruebas esenciales para la resolución material del litigio (M.P. María Victoria Calle).