El Consejo de Estado señaló que los niños que se encuentran en situación irregular o de peligro deben recibir una protección especial por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), máxime si sobre ellos recae una medida de protección. El alto tribunal encontró responsable a esta entidad por la muerte de un menor que huyó de varios centros de rehabilitación y fue asesinado, a pesar de que el ICBF conocía que vivía en condición de indigencia y que sobre él pesaba el peligro de muerte. El Consejo aclaró que aunque la muerte fue producida por un tercero, esta circunstancia no la eximía de responsabilidad, pues la omisión de la entidad facilitó la acción de quien fue directo causante del daño (C.P. Danilo Rojas Betancourth).