La Procuraduría General le pidió a la Corte Constitucional que se esté a lo resuelto en la Sentencia C-598 del 2011, que declaró inexequible la norma que exigía la entrega de las pruebas documentales que las partes poseían para la procedencia de la conciliación en asuntos civiles, y que fijaba que si la conciliación fracasaba las pruebas no aportadas no serían tenidas en cuenta en el proceso (Ley 1395 del 2011, art. 52). El Ministerio Público reiteró que en este caso opera el fenómeno de cosa juzgada y señaló que la disposición fue declarada inexequible por estimar que vulneraba los derechos al debido proceso y a la defensa.