El Consejo de Estado reiteró que el proceso ejecutivo no es el escenario idóneo para cuestionar la legalidad o validez de un título, ni mucho menos para estudiar su contenido y sus alcances. A juicio del alto tribunal, estos asuntos deben ventilarse en los recursos interpuestos contra esos actos o en un proceso contencioso ordinario. En ese sentido, recordó que en los juicios ejecutivos en los que el título esté constituido por un acto administrativo solo se pueden proponer las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se fundamenten en hechos ocurridos con posterioridad a la expedición del acto. De otra parte, indicó que en contratación estatal el título ejecutivo es complejo y se constituye con el contrato y otros documentos que registre el desarrollo de las obligaciones nacidas en el contrato (C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz).