La buena fe se presumirá en todas las gestiones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, reiteró el Consejo de Estado en reciente decisión que confirmó la nulidad de dos resoluciones de la DIAN en las que se impuso una sanción por operación de contrabando. La Sección Primera reiteró su jurisprudencia con respecto a que la adquisición de un vehículo y su registro de matrícula ante la secretaría de tránsito respectiva, si bien no sanea la condición de contrabando que pueda tener un automotor y no evita su decomiso, es un acto administrativo que está revestido de la presunción de legalidad y por lo mismo está llamado a generar confianza o seguridad a los terceros adquirentes (C. P. Marco Antonio Velilla Moreno).