La Corte Constitucional declaró inexequible la norma que exigía la entrega de las pruebas documentales que las partes poseían para la procedencia de la conciliación en asuntos civiles, y que fijaba que si la conciliación fracasaba las pruebas no aportadas no serían tenidas en cuenta en el proceso (Ley 1395 del 2010, art. 35 parágrafo 2). Según la Sala, impedir que el juez de la causa considerara las pruebas en poder de las partes que no fueron aportadas en copia informal al trámite de la conciliación vulneraba el debido proceso y la defensa de las partes, pues se les priva del derecho a aportar al proceso pruebas que pueden resultar fundamentales para la resolución de su caso y que en el momento de la conciliación pudieron no considerar de transcendencia o simplemente no las tenían. La Corte señaló que en la conciliación las partes tienen la facultad de escoger la forma en que resolverán su controversia, por lo que no se les puede crear una sanción por inobservancia de una carga desproporcionada (M. P. Jorge Ignacio Pretelt).