El Tribunal Superior de Antioquia, bajo la presunción de derecho del artículo 77 de la Ley 1448 del 2011, declaró inexistentes los contratos contenidos en escrituras públicas de 30 predios que conforman la Hacienda Santa Paula del municipio de Montería (Córdoba), ordenó la cancelación de todo antecedente registral posterior al despojo, la implementación de sistemas de alivio o exoneración de pasivos a las autoridades públicas y de servicios públicos domiciliarios, acompañamiento de las fuerzas militares a la entrega material y la priorización de subsidios de vivienda rural, entre otros. Según la providencia, los efectos de vecindad, las condiciones uniformes de desplazamiento forzado y dado que la violencia generada por paramilitares constituye un hecho notorio, permitieron dar un tratamiento colectivo a la restitución de tierras, valoración probatoria y formalización de propiedad conjunta de 32 víctimas y parceleros en la Hacienda Santa Paula. En el proceso de restitución colectivo se probaron operaciones en masa formalizadas ante la misma notaría, donaciones efectuadas por la Fundación para la paz de Córdoba (Funpazcor) y contratos de compraventa a favor de una misma compradora, lo que permitió vislumbrar una maquinaria criminal para recuperar la tierras donadas en lo que constituyó una polémica reforma agraria privada, agregó.