El Gobierno sancionó la ley que adopta medidas para la inclusión de los jóvenes con alto grado de emergencia social por pertenecer a grupos de violencia juvenil. Según dispone la norma, las entidades del orden nacional, departamental, distrital y municipal podrán celebrar acuerdos, contratos y convenios interadministrativos que desarrollen planes y actividades de generación de empleo, para ubicar laboralmente a los jóvenes que hayan finalizado su proceso de rehabilitación. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en coordinación con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, llevará periódicamente al Consejo de Política Criminal un informe sobre la situación de los jóvenes vinculados a pandillas.