La Procuraduría General de la Nación reveló en un informe de vigilancia superior sobre el programa de adopción, elaborado con base en las visitas practicadas tanto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como a las cinco instituciones autorizadas para desarrollar el programa de adopción IAPAS, que el ICBF no ha asumido directamente el seguimiento “posadopción” de las familias residentes en Colombia, pues tal actividad se delega a sicólogos particulares, contratados por los padres adoptantes. Para la entidad, esta situación desdibuja la especial atribución de control del instituto, por cuanto es el único a quien debe corresponderle tal tarea. Adicionalmente, el organismo reiteró que la adopción es un servicio público de bienestar familiar y que es una medida de protección para el niño y no un derecho de los padres o de terceros. “El proceso de adopciones debe ser tratado con suma responsabilidad por parte de los defensores de familia, quienes deben ser en extremo cuidadosos cuando esta medida de protección se torne obligatoria y no exista otra alternativa para mantener a los menores de edad junto a su familia”, concluyó.