La Corte Constitucional ordenó la suspensión provisional de una sanción consistente en la demolición de un inmueble que se construyó en contravención a las normas de urbanismo y construcción. Según el alto tribunal, los actos administrativos proferidos por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y la Secretaría de Planeación de Bogotá desconocieron el principio de confianza legítima y vulneraron los derechos fundamentales a una vivienda digna e igualdad. Los efectos de los actos se suspenderán hasta que exista pronunciamiento definitivo sobre la legalización del sector donde se ubica el predio. Si el concepto es negativo y se llega a proceder con la demolición, las autoridades deberán abstenerse de realizarla hasta que se le brinde una alternativa de vivienda digna al accionante (M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).