La Corte Constitucional negó la petición de nulidad de la Sentencia T-276 del 2012, que entregó definitivamente dos niños a su padre adoptivo, en virtud del debido proceso, la unidad familiar y el derecho de los menores a ser escuchados. A juicio del alto tribunal, los argumentos en los que la Procuraduría General de la Nación sustentó el cargo de grave y ostensible violación del debido proceso, por desconocimiento de varias disposiciones del Decreto 2591 de 1991, en realidad denotan su inconformidad con la interpretación que hizo la sala de revisión de las disposiciones aplicables y su valoración de las pruebas (M. P. Jorge Ignacio Pretelt).