Aunque las empresas de servicios públicos pueden promover la constitución de las servidumbres que requieran para cumplir sus objetivos, esta facultad no es absoluta, pues deben respetar los derechos de los propietarios de inmuebles afectados y asumir la responsabilidad a que haya lugar por perjuicios e incomodidades. Así lo señaló la Superintendencia de Servicios Públicos, en reciente concepto.