La Corte Constitucional le pidió a la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría que presenten observaciones a los informes del Gobierno en torno al funcionamiento de la política de restitución, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1448 del 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). Así lo determinó la corporación, al recibir la documentación enviada por el Ministerio de Agricultura en la que examina aspectos como la prevención del despojo, sistemas de información, enfoque diferencial, seguridad y participación de los propios desplazados en la formulación de los programas. Ello a raíz de lo expresado por la misma Corte en el Auto 026 de 2013, en el cual alerta que el Gobierno llevaba casi dos años sin informarle acerca de los avances alcanzados para superar el estado de cosas inconstitucional en materia de atención a desplazados (T-025 del 2004) frente al componente de tierras. Adicionalmente, la Sala busca estar al tanto del funcionamiento de políticas de vivienda, generación de ingresos y condiciones para propiciar el retorno en condiciones dignas de las víctimas a sus terrenos, incluyendo fórmulas de financiación. La Corte espera conocer las impresiones que sobre esta información tengan la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Consejo Noruego par Refugiados (CNR) y la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva).