El Consejo de Estado anuló el Decreto 4444 del 2006, que reglamentó la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva para los casos de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) previstos en la Sentencia C-355 del 2006; son estos: (a) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico; (b) Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico y (c) Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto. Vale la pena recordar que la Sección Primera ya había decretado la suspensión provisional de esta norma al considerar que el legislador ordinario debía regular la materia relacionada con el aborto, pues de no ser así se llegaría a entender que dicho pronunciamiento haría las veces de ley y que el Gobierno Nacional puede reglamentar una jurisprudencia. Si bien la corporación no se ocupó del fondo de la norma, la nulidad declarada no significa que no se puedan seguir ordenando políticas de salud pública que garanticen la práctica del aborto acordes con los parámetros de la sentencia de la Corte Constitucional (C. P. María Claudia Rojas Lasso).