Tribunal de Antioquia ordena devolver siete hectáreas de la hacienda Santa Paula

El Tribunal Superior de Antioquia ordenó devolver a sus dueños originales siete hectáreas ubicadas en la hacienda Santa Paula, que, en el pasado, sirvió como centro de operaciones del grupo paramilitar de los hermanos Castaño.

Así lo informó la Unidad de Restitución de Tierras (URT), al advertir que, en este caso, se configuró un despojo a través de negocios jurídicos que adolecían de vicios de consentimiento.

“Los solicitantes manifiestan no haber suscrito nunca las escrituras públicas contentivas del contrato, que, de acuerdo con las pruebas recaudadas dentro de este trámite, hacían parte de la maquinaria del grupo armado ilegal al margen de la ley AUC, Bloque Casa Castaño (…). Esto implica que para efectos de la toma de esta decisión existe desde la institucionalidad, una información muy importante que da cuenta del desplazamiento y la consecuente afectación de los derechos delas víctimas”, señala la decisión.

El fallo indica que los opositores alegaron que no tenían conocimiento de irregularidades, despojos o desplazamientos al momento de la compra del predio, y que los negocios jurídicos no fueron celebrados de manera directa con personas al margen de la ley.

Al respecto, el tribunal recordó que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la buena fe exenta de culpa se acredita demostrando no solo la conciencia de haber actuado correctamente, sino también un comportamiento encaminado a verificar la regularidad de la situación.

“Los opositores no podrían negar el conocimiento de hecho notorio de la violencia en Córdoba y Montería, siendo habitantes de la región hace más de 30 años y quien fue adquirente de la parcela en la época en que el paramilitarismo amedrentaba y atemorizaba a los habitantes de la zona”, agregó.

Además de la restitución jurídica y material de los predios, el tribunal ordenó el acceso prioritario al subsidio de vivienda, el alivio de pasivos por impuesto predial y otras contribuciones, la condonación de deudas con entidades financieras, acompañamiento y garantías de seguridad por parte de la Fuerza Pública, la coordinación de la oferta de las entidades que pertenecen al Sistema de Atención y Reparación Integral a Víctimas y su acceso por parte de los beneficiarios.

Vale la pena recordar que, sobre ese mismo predio, los jueces agrarios ya habían ordenado la restitución de 600 hectáreas a familias víctimas de ese mismo grupo.

Hace un año, el Ministerio de Agricultura informó que la tierra que los desaparecidos jefes paramilitares Fidel y Carlos Castaño les arrebataron a familias campesinas del departamento de Córdoba retornaría a manos de sus propietarios legítimos.