La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare exequibles las condiciones establecidas para recoger el testimonio o la entrevista de los menores que sean víctimas de delitos sexuales (artículos 1°, 2º y 3º de la Ley 1652 del 2012). Para el Ministerio Público, restricciones como el entrenamiento especial del interrogador, la revisión del cuestionario por un juez de familia y la demostración de la estricta necesidad y convenciencia de la práctica de la prueba son razonables, porque ofrecen las garantías que deben cobijar los intereses superiores de los niños y adolescentes. La ponencia la proyectará el magistrado Nilson Pinilla.