Atacar el debate probatorio y la interpretación de las normas no es procedente en sede de nulidad, señaló la Corte Constitucional.

Con estos argumentos, el alto tribunal negó la solicitud de nulidad que presentó la Procuraduría General de la Nación contra la Sentencia T-276 del 2012, que dispuso la entrega definitiva de dos niños a su padre adoptivo homosexual, amparando el debido proceso, la unidad familiar y el derecho de los menores a ser escuchados.

El Ministerio Público solicitaba la nulidad de la sentencia, porque, en su opinión, se les dio prelación a los derechos-pretensiones del padre adoptante, en lugar de amparar el interés y los derechos de los niños.

A juicio de la Procuraduría, lo menores no estaban preparados para ingresar a una familia de padre homosexual; además, advirtió que se desconoció la jurisprudencia sobre el perjuicio irremediable.

Sin embargo, la Corte recordó que la reubicación de un menor de edad solo es viable si se demuestra que está expuesto a un perjuicio en el medio familiar en el que se encuentra.

En este caso, para la corporación, no se demostró que el hecho de pertenecer a una familia con padre homosexual generara una amenaza sobre la salud emocional de los menores, ni que omitir información sobre la orientación sexual del adoptante los hubiera afectado.

(Corte Constitucional, comunicado Sentencia T-276, jun. 5/13)