Minagricultura radicará proyecto para dar mayor claridad sobre concentración de tierras baldías

La aplicación de la norma que prohíbe la concentración de tierras que hayan sido baldías, contenida en la Ley 160 de 1994, ha originado que jueces y operadores jurídicos permanezcan en un estado de inseguridad jurídica, al desconocer su verdadero alcance.

Según el Ministerio de Agricultura, las diversas posiciones jurídicas sobre esta materia se deben, en gran medida, a las interpretaciones en las que el Consejo de Estado le ha dado diferentes efectos a la norma.

“Para dar claridad, precisión y certidumbre jurídica, el Gobierno radicará un proyecto de ley en donde se proponga la interpretación, con autoridad del Congreso, de la aplicación de la ley en el tiempo y la necesidad de establecer controles precisos cuando se pretenda invertir en tierras rurales”, señaló la entidad.

La cartera precisó que la propuesta busca fortalecer el régimen de protección de las tierras de los beneficiarios de la reforma agraria, y exigir la aplicación de la Ley 160 de 1994 por parte de las instancias judiciales y administrativas.

En ese sentido, aclaró que, respetuosamente, se le solicitará al Consejo de Estado mayor claridad sobre los efectos de la ley en el tiempo y el control por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro.

La entidad indicó que el fenómeno de la concentración de tierras que han sido baldías, en contra de lo previsto en la Ley 160 de 1994, no es un asunto nuevo. “Desde el año 2010 se iniciaron las investigaciones que concluyeron con la presentación de las primeras demandas de nulidad de contratos de compraventa de estas tierras”, afirmó.

Además, informó que se presentaron numerosas solicitudes de investigación disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, relacionadas con las actuaciones de los registradores que inscribieron actos de compraventa sobre esas tierras.

Finalmente, señaló que se solicitó la intervención de la Procuraduría en la interposición de las demandas, pues algunos jueces han rechazado las acciones presentadas por el Incoder.