La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que declare inexequible el aparte de la Ley 160 de 1994 que faculta a la junta directiva del Incora, hoy Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), para señalar las tarifas máximas que pueden cobrarse a los adjudicatarios de terrenos baldíos por los servicios de titulación (art. 78). El Ministerio Público señaló que la norma vulnera los principios de legalidad del tributo y de representación popular, pues no establece el sistema y el método para determinar los costos y beneficios de tales servicios, así como la forma de hacer su reparto.