Según la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, los establecimientos educativos, los medios de comunicación y los demás actores sociales están compelidos a censurar y visibilizar el maltrato doméstico, a restarle el carácter de normal atribuido históricamente y a derruir los estereotipos sobre las mujeres. En efecto, advirtió que el plano judicial deber surgir como último recurso para lograr la igualdad desconocida a las mujeres, pues lo ideal, a su juicio, sería contar con políticas estatales adecuadas y con la participación activa de la sociedad civil y de la familia, para modificar los comportamientos reprochables de quienes estiman inferiores a las mujeres. Basado en esas consideraciones ordenó a una comisaría de familia atender con mayor diligencia las medidas de protección a su cargo, como la solicitada por la accionante y víctima de violencia de género, y hacerlo en consonancia con los postulados legales y jurisprudenciales que gobiernan este tipo de asuntos, absteniéndose de emitir pronunciamientos que revictimicen a sus usuarios (M. P. Luis Armando Tolosa).