Tras la condena impuesta por el Consejo de Estado al Distrito Capital por los hechos relacionados con el deslizamiento en el relleno sanitario Doña Juana y la solicitud de apertura de un incidente de impacto fiscal por parte de la Procuraduría, a petición de la Alcaldía de Bogotá, la Defensoría del Pueblo aclaró que aunque el alto tribunal citó a las partes para notificarlas, esto es de carácter voluntario y no presentarse no implica quedar por fuera o perder el reconocimiento como beneficiario de la acción de grupo. Precisó además que el papel de la Defensoría será administrar y pagar la condena impuesta por el Consejo de Estado, una vez la sentencia quede debidamente ejecutoriada y la Alcaldía de Bogotá ponga los dineros a disposición del Ministerio Público.