Ante el Fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos que maneja la Defensoría del Pueblo deberán reclamar sus respectivas indemnizaciones las víctimas del derrumbe que se produjo por una concentración de gases en el relleno sanitario de Doña Juana de Bogotá, en 1997. Como se recordará, el Consejo de Estado condenó al Distrito Capital y la excontratista Prosantana al pago de indemnizaciones por $ 227.000 millones. Así lo anunció la Sección Tercera, que señaló que, una vez ejecutoriado el fallo, la administración capitalina debe entregar los recursos al fondo y este deberá publicar la parte resolutiva de la sentencia en un medio de circulación nacional, para que las personas afectadas con el deslizamiento que no hicieron parte de la demanda acrediten su condición de víctimas y reclamen su restauración económica (C.P. Enrique Gil Botero).