La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ratificó la tendencia asumida desde 1976 y se apartó de la postura que le otorgaba validez a la enajenación de cosas embargadas.

Según el alto tribunal, en estos casos, la licitud del objeto contractual se manifiesta en que el bien no esté embargado por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor lo consienta, pues, de lo contrario, el contrato será absolutamente nulo.

La Corte recordó que el justo título debe entenderse como todo hecho o acto jurídico que, por su naturaleza y su carácter verdadero y válido, es apto para atribuir en abstracto el dominio.

En consecuencia, es justo el título conforme a la ley, y no lo será el que no reúna los requisitos que esta exige para su conformación válida, que es precisamente lo que ocurre cuando el acto jurídico o la declaración de voluntad recae sobre un objeto ilícito.

(Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Sentencia 11001310300720080047101, feb. 4/12, M. P. Jesús Vall de Rutén Ruíz)