Tras la muerte de una menor de 11 meses de edad en las instalaciones de la IPS Clínica Cafam, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, recordó que los niños son sujetos de especial protección constitucional, por lo que existe un deber de garantía, reconocimiento y protección de sus derechos por parte de la familia, la sociedad y el Estado. Según el defensor, en medio de la crisis que enfrenta el sistema de salud, particularmente en Bogotá, es preocupante que se sigan registrando muertes de niños por fallas en el servicio. “No existe ni debe existir excepción alguna a este principio (del interés superior), por lo que todas las autoridades, tanto públicas como privadas, incluidas las entidades prestadoras de servicios públicos, deben velar por la protección de los derechos de los menores”, puntualizó el funcionario.