Acusan a norma del Decreto-Ley Antitrámites de aumentar trámites en materia de conciliación

El objetivo del Decreto-Ley 019 del 2012 (Decreto-Ley Antitrámites) era suprimir o reformar algunos trámites que se adelantan ante la administración pública. No obstante, recientemente, se radicó una demanda de inconstitucionalidad que ataca el artículo 90 de esa norma, por la supuesta creación de un trámite innecesario.

La disposición prevé que cuando las partes, en el acta de conciliación extrajudicial a que se refiere la Ley 640 del 2001, acuerdan transferir, gravar, limitar, afectar o desafectar derechos de propiedad o reales sobre bienes inmuebles, el cumplimiento de lo pactado se hará mediante documento público suscrito por el conciliador y por las partes conciliadoras.

A juicio de los demandantes, la disposición acusada crea un trámite que no estaba previsto en la Ley 640 ni en la Carta Política. Así mismo, sostienen que viola los artículos 113 y 116 de la Constitución, pues no tuvo en cuenta que, según la Carta, solo la ley puede determinar los requisitos para que los conciliadores administren justicia.

“En el caso de estudio se creó un trámite innecesario que es exigir para su cumplimiento la firma del conciliador y de las partes en un documento público. Aquí no suprimió ni reformó un procedimiento, creó uno que no existía y el cual es inconveniente pues no facilita una rápida justicia”, señala la demanda.

Finalmente, los accionantes advierten  que la medida es desproporcionada, porque, además de la conciliación, se exige la firma de una transacción que impone mayores complicaciones para la ejecución del trámite.