Todos los actos y negocios que se realicen sobre los bienes comunes, tratándose de copropiedades de uso residencial, relacionados con la explotación económica de los mismos y que permitan su correcta y eficaz administración, son parte integral del desarrollo del objeto social y, por lo tanto, deben ser reconocidos en los estados financieros como ingresos operacionales. Así lo precisó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en oficio de abril.