¿Cómo se puede financiar la sostenibilidad del Amazonas con la deuda externa colombiana?

Tomás Daniel Rodríguez Correa

Profesor investigador en la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt

 

En el 2021, Lee Buchheit, experto en deuda soberana, publicó un artículo en el Financial Times titulado A green solution to sovereign debt restructuring. Su escrito analizó el aumento de los niveles de deuda causados por las medidas fiscales adoptadas por el covid-19 y las posibles condonaciones de deuda por parte de acreedores comerciales y multilaterales mediante el financiamiento de proyectos verdes.

 

Este artículo propone una cancelación de la deuda de Colombia, basado en la propuesta de Buchheit, y además analiza cómo la deuda cancelada podría financiar la protección del bosque amazónico en el país.

 

La deuda externa después del covid-19

 

La gestión de la deuda externa colombiana se ha convertido en un tema de interés público, por cuenta del panorama de la estabilidad económica del país. Según la Oficina de Relación con Inversionistas de Colombia, en información publicada en el documento Perfil de deuda bruta total del Gobierno Nacional Central, al 31 de marzo del 2022, la deuda interna era de 120.937 millones de dólares y la deuda externa ascendía a 73.193 millones de dólares, para un total de 194.130 millones de dólares, que corresponde al 55,2 % del PIB proyectado para el 2022. La inflación anual en abril llegó al 9,23 %, y la tasa de cambio cerró, el 10 de mayo, a 4.085,76 pesos por dólar. Los anteriores factores económicos muestran señales que la deuda pública enfrenta presiones internas y externas que, eventualmente, pueden dificultar su servicio.

 

En el anterior contexto, una alternativa ecológica ante una eventual negociación de reestructuración de la deuda externa colombiana podría ser una opción.

 

Externalidades de la Amazonia colombiana

 

La Amazonia es un bien público global intergeneracional, porque no solo produce externalidades positivas para todos los países, sino que también servirá para las futuras generaciones. Primero, juega un papel importante en la extracción de dióxido de carbono de la atmósfera y, por lo tanto, actúa como un acondicionador de aire masivo. Segundo, ayuda a estabilizar los ciclos de lluvias en Suramérica y proporciona agua a la región. Tercero, tiene la mayor biodiversidad del planeta, lo que es beneficioso para científicos y turistas. Finalmente, es el hogar de comunidades milenarias de indígenas que representan un patrimonio cultural inmaterial para la humanidad.

 

A pesar de las buenas externalidades que proporciona la Amazonia, es víctima de ataques que ponen en peligro su rol en la Tierra. La existencia de la selva tropical se ve amenazada por grandes proyectos relacionados con deforestación, minería, extracción de petróleo y gas, presas para generar energía hidroeléctrica, carreteras, vías férreas y rutas fluviales, así como la expansión de cultivos agrícolas.

 

Colombia es el segundo país con más territorio en la selva amazónica después de Brasil. La parte colombiana de la Amazonia ha sido deforestada agresivamente durante los últimos años, debido a la ausencia del Estado en la región. Por ejemplo, antes del Acuerdo de Paz con las Farc, la deforestación estaba controlada por ese grupo armado, porque el bosque permitía a los guerrilleros camuflarse, con el fin de que el Ejército no pudiera encontrarlos. Sin embargo, desde el Acuerdo, miembros de las Farc abandonaron la región, lo que permitió que personas no autorizadas talaran árboles de manera masiva con fines comerciales[1].

 

¿Cómo se implementaría la condonación de la deuda?

 

Los acreedores podrían condonar la deuda basados en un análisis financiero de sus activos, su disposición para apoyar la sostenibilidad ecológica y un análisis de sostenibilidad de la deuda (ASD) realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por ejemplo, de acuerdo con las exposiciones financieras del acreedor con respecto a los títulos de deuda de Colombia, el primero podría determinar qué porcentaje de estos activos se podrían invertir en la conservación de la selva amazónica. Adicionalmente, la condonación estaría sujeta a un ASD y a que el Gobierno adecuara sus políticas financieras para lograr una proyección sostenible de la deuda externa. Finalmente, acreedores multilaterales de Colombia, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Banco de Desarrollo para América Latina, el KFW o la Agencia Francesa de Desarrollo podrían ser pioneros en este tipo de condonación con fines de sostenibilidad del medioambiente.

 

Si bien la condonación de deuda seleccionada será sobre la deuda en dólares de Colombia, el proyecto verde sería financiado por el Gobierno en pesos colombianos en un monto equivalente a la deuda externa condonada. Esta es una consecuencia lógica del problema de servicio de deuda en dólares o, en otras palabras, la capacidad limitada para recaudar divisas en moneda extranjera por parte del Gobierno colombiano. Así, este tendría que buscar recursos en el mercado colombiano, por ejemplo, mediante incremento de deuda interna. Lo anterior obedece a que los riesgos asociados a deuda interna tienen un margen de maniobra mucho más flexible en comparación con la deuda externa. 

 

El mecanismo no sería sencillo. El Gobierno tendría que identificar áreas críticas en la selva amazónica que están en riesgo de deforestación o que ya han sido deforestadas. Posteriormente, tendría que iniciar el programa de ASD con el FMI, y podría presentar un proyecto a los acreedores, que lo aprobarían o desaprobarían.

 

Sin embargo, como lo han explicado Rodrigo Olivares Caminal y Paola Subacchi, de la Universidad Queen Mary de Londres, la corrupción de los gobiernos es un tema que, con frecuencia, resulta en una ejecución deficiente o en la nula ejecución de proyectos públicos. Para reducir los riesgos asociados a prácticas de corrupción, el proyecto podría ser ejecutado por una asociación público-privada, un agente de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o cualquier organización designada por los acreedores.

 

Además, el mecanismo para verificar la ejecución del proyecto verde podría construirse bajo el artículo 4º del Acuerdo de París, con la supervisión del mecanismo financiero del Convenio de París. Finalmente, el acuerdo entre acreedores y el deudor podría incluir una cláusula que estipule que, si el proyecto no se ejecuta, el Gobierno debería pagar la cantidad de dinero condonado en la moneda original al acreedor.

 

Otro de los problemas asociados a este proyecto sería la posición de las agencias de calificación de riesgo frente a la deuda externa colombiana ante una eventual restructuración. Según Olivares y Subacchi, después de una restructuración, los países pierden credibilidad financiera en los mercados y, por lo tanto, las tasas de interés ofrecidas a estos son más altas que aquellas ofrecidas en el mercado internacional. Como ejemplo, estos académicos citan el caso de las emisiones de deuda entre el 2016 y el 2018 realizadas por Argentina, que recibieron tasas de interés en un rango del 6 % a 8 %, mientras que otros países de la región recibían tasas entre el 3 % y el 4 %.

 

Beneficios de la propuesta

 

Esta propuesta presenta beneficios para los acreedores, el deudor y la comunidad internacional. Primero, el deudor podría aumentar las posibilidades de servicio de deuda en el futuro, debido a la restructuración efectuada. Adicionalmente, una reforma tributaria que tenga por finalidad reorganizar las finanzas públicas y garantizar el servicio de deuda recibirá mayor respaldo, si se muestra el compromiso medioambiental de los acreedores y el Gobierno Nacional. En segundo lugar, como señaló Buchheit, dependiendo de la jurisdicción de origen de los acreedores, estos podrían recibir beneficios tributarios por invertir en proyectos verdes. Adicionalmente, algunos acreedores podrían cumplir ciertos estándares medioambientales según sus prácticas de gobierno corporativo. Finalmente, los acreedores recibirán externalidades positivas de la selva amazónica.

 

Los beneficios para el deudor serían múltiples. El Gobierno podría hacer que una reforma financiera más atractiva para los contribuyentes, en la medida en que tendría por objetivo una inversión en proyectos amigables con la naturaleza. Además, podría financiar proyectos nacionales relacionados con la protección del medioambiente y disminuiría los pasivos en moneda extranjera, reduciendo así los riesgos asociados a la tasa de cambio aplicable a la deuda externa.

 

Por último, la comunidad internacional también se beneficiaría. En primer lugar, invertir en la deforestación respaldaría el objetivo 17 (acción climática) de los ODS. Segundo, la inversión ambiental sería una contribución al cumplimiento del Acuerdo de París. Finalmente, si la propuesta muestra resultados positivos en términos medioambientales y sostenibilidad de la deuda, se podría implementar un proyecto similar en países donde el bosque tropical primario se encuentra amenazado, como, por ejemplo, Venezuela, Brasil y República del Congo.