‘Brexit’: el precio de la incertidumbre

Julio Quintero

Managing Director Guggenheim Investment Advisers (Europe) Limited

 

El CEO de una firma en Wall Street me dijo alguna vez que la gente puede lidiar con buenas y con malas noticias, pero le queda muy difícil lidiar con la incertidumbre. Recuerdo esa frase con frecuencia, porque pareciera explicar los últimos dos años transcurridos desde el referendo del brexit.

 

La incertidumbre sobre la ocurrencia y alcances de un potencial brexit tiene un costo que se puede medir en términos económicos. El Financial Times[1], en junio de este año, calculó que para el segundo aniversario del referendo, el crecimiento de PIB británico iba a ser del 1 % al 2 % menor (lo que equivale a GBP 10-20bn al año) de lo que habría sido sin la amenaza del brexit en el horizonte, y los últimos datos parecieran acercarse más al 2 %. Los modelos financieros del Financial Times calculan un impacto de GBP 450 millones por semana (i.e. GBP24bn anual) para el país, con un costo anual de GBP 870 por hogar.

 

Aun peor, el costo de brexit solo parece estar aumentando desde la proyección del modelo anterior de diciembre, de GBP 350 millones a la semana. Similares predicciones se encuentran en diferentes fuentes, con conclusiones parecidas: el valor de la libra esterlina ha bajado, lo que ha puesto en aprietos la capacidad adquisitiva de los consumidores, y la incertidumbre ha golpeado la inversión.

 

Los economistas Pierre Lafourcade y Arend Kapteyn de UBS[2], por ejemplo, señalaron en un estudio publicado en septiembre que “la inversión es 4 % más débil, la inflación 1,5 % más alta, el consumo 1,7 % más bajo, y la REER (tasa efectiva de cambio) se ha depreciado en más de 12 %”.

 

Pero, ¿en qué consiste la incertidumbre de la que hablamos, y por qué tiene efectos tan importantes si todavía faltan meses para que el Reino Unido abandone el bloque europeo? Una buena forma de entender el asunto es darle una mirada a cómo los directivos de entidades financieras y fondos de inversión están lidiando con brexit.

 

Imagine que usted es miembro de una junta directiva de una entidad financiera en Inglaterra. Usted tiene el deber fiduciario de tomar todas las medidas pertinentes para garantizar la continuidad de la operación de su compañía, con la menor interrupción posible, de la manera más eficiente. Esto es, mientras cumple con las obligaciones regulatorias impuestas por su regulador local (en este caso la Financial Conduct Authority), y la de las jurisdicciones donde su compañía desarrolle sus actividades de distribución o inversión. 

 

El simple hecho de que un evento sistémico como brexit sea una posibilidad real, lo obliga a usted y a los demás miembros de la junta a tomar medidas para la salvaguarda de los intereses de la compañía que representan. Lo que se traduce en contratar especialistas que analicen los posibles escenarios y estimen la magnitud de cada uno de ellos en términos de costo, tiempo y afectación a la operación. Una junta diligente debe preguntarse sobre las limitaciones regulatorias y comerciales sobre su operación y la de sus proveedores y clientes, antes, durante, y después del brexit.

 

Pero como no todos los escenarios tienen la misma importancia en consideración a su gravedad, usted no tiene otra opción que planear alternativas basadas en el peor de los casos (lo que acá sería un escenario de no acuerdo (no deal brexit) o un escenario de ruptura total con la Unión Europea (hard brexit)).

 

Esas alternativas incluyen la revisión sobre la conveniencia de trasladar parte o la totalidad de sus operaciones a otros países, la viabilidad de tener esquemas de delegación o de doble empleo (conocido como Dual-hatting) para utilizar licencias o permisos regulatorios en Inglaterra y Europa continental, el análisis fiscal sobre los nuevos movimientos de efectivo que se necesiten para financiar los costos operativos, precios de transferencia entre subsidiarias, las implicaciones impositivas sobre empleados afectados, las consecuencias laborales y de seguridad social y beneficios a tales trabajadores, etc.

 

Es importante entender que todos estos son ejercicios que de otra manera no tendrían que hacerse, pero que, habiéndose hecho, establecen un plan de ruta que debe comenzar a cumplirse mucho antes del plazo de marzo del 2019. Esto es, a pesar de que todavía esté en las cartas (y cada vez más) la opción de retirar la notificación del artículo 50, dejando al Reino Unido dentro de la Unión Europea.

 

Ahora piense en los incentivos de los participantes en la negociación. Los europeos mantienen una posición fuerte para desincentivar nuevas salidas de otros países, y también alentar la cancelación de brexit, pero al tiempo quieren en la medida de lo posible y con independencia del resultado del brexit, tomar parte del atractivo mercado de servicios financieros inglés. Y no me refiero solo a los sospechosos de siempre, como Dublín, Frankfurt[3], París y Luxemburgo[4], sino también a cientos de ciudades más pequeñas que tratan de mostrarse como el nuevo destino de los servicios financieros del futuro, proveyendo toda clase de incentivos personales y corporativos (incluyendo beneficios fiscales), que les permita traer mercado y empleo a sus territorios.

 

Y es en esto que muchos de los ejercicios de revisión de las consecuencias del brexit en juntas directivas han generado desde ya la redomiciliación de fondos y compañías (no solo financieras). Solo para citar algunos ejemplos: Panasonic anunció a finales de agosto que mudaría su casa matriz a los Países Bajos; Muji se va a Alemania, y, en el lado financiero, los bancos japoneses Nomura y Daiwa anunciaron que se mudan a Alemania.

 

El Financial Services Brexit Tracker[5] de EY indica que, a junio del 2018, el 34 % de las compañías del tracker están considerando mover sus operaciones y/o empleados del Reino Unido a Europa continental. De acuerdo al Frankfurt Main Finance[6], de EUR 750 a 800bn en activos serán transferidos de Londres a Frankfurt durante el primer trimestre del 2019. El número de personas que podría relocalizarse se mantiene en 10.000. Esta cifra no se ha visto afectado por los anuncios del gobierno de Theresa May sobre la etapa de transición.

 

Los efectos negativos de la incertidumbre sobre el futuro del brexit continuarán o incrementarán mientras la falta de definición exista, y el poco apoyo que tiene Theresa May en su plan dentro del Parlamento no cambia los estimados actuales.

 

En este momento, bancos, compañías aseguradoras, administradores de activos y otras compañías financieras están corriendo contrarreloj tratando de obtener nuevas licencias regulatorias, estableciendo nuevas sucursales o trasladando sus equipos para tratar de preservar tanta flexibilidad como sea posible. Pero sin un acuerdo completo entre la Unión Europea y el Reino Unido, las compañías se arriesgan a perder sus pasaportes regulatorios que les permitan atender clientes dentro del bloque europeo.

 

Francia y Alemania proponen reglas de transición

 

En este escenario, Alemania se encuentra estudiando un proyecto de ley, por el cual se le otorgan poderes a la BaFin, para permitir a compañías británicas continuar proveyendo servicios financieros y bancarios por lo menos hasta el 2020[7]. Periodos similares se ofrecen a aseguradoras.

 

Francia, por otra parte, tiene un proyecto de ley menos flexible, pero en la misma línea, asegurando continuidad de los compromisos contractuales adquiridos pre-‘brexit’, y permitiendo acceso a los sistemas de pagos internacionales, incluyendo clearing y financial settlement.

 

Estas normas, señala Bloomberg, parecieran medidas creadas más para mitigar pérdidas a los sistemas financieros de Alemania y Francia, que para crear una excepción al acuerdo (o falta del mismo) entre Europa y el Reino Unido. Además, cualquiera de estas leyes locales se encuentra subordinada a las leyes comunitarias en la materia.

 

Lo que sigue

 

El pasado 22 de noviembre, el gobierno británico publicó el borrador de la declaración política que servirá de marco de alto nivel para el futuro de la relación Europa–Reino Unido. El documento representa una serie de instrucciones para los negociadores de ambas partes, sobre el alcance y los términos de la misma, con muy poca explicación sobre la provisión de servicios financieros. La premisa fundamental pareciera ser preservar una relación de equivalencia entre reguladores, evitar discriminación e incluir cláusulas sobre el acceso mutuo a mercados[8].

 

No es claro cómo esta declaración debe ser interpretada, o sus efectos específicos sobre los servicios financieros. Una lectura conservadora del documento sugiere que las firmas británicas estarían sujetas a las reglas del país europeo anfitrión, es decir el país de domicilio de los inversionistas. Estas reglas serían más beneficiosas y flexibles que la actual determinación de equivalencia que exige actualmente el artículo 46 MiFIR a países que no sean miembros de la Unión Europea. El documento establece un periodo que termina en junio del 2020, para que las partes definan las evaluaciones de equivalencia regulatoria.

 

En general, no se espera que este marco de negociación provea información más concreta y, por ende, el efecto en las medidas de preparación de brexit no debería ser importante. El acuerdo será sometido a aprobación del Parlamento antes de fin de año y aún existe mucha incertidumbre sobre su aprobación.