Minería: el ataque ahora es institucional

Fabio Humar Jaramillo
Abogado penalista

 

Para hablar del ataque a la minería, no me referiré, desde luego, a los jóvenes que, desde sus celulares y portátiles, todos construidos hasta el último gramo con materiales extraídos de la tierra, demonizan a la actividad minera. Es la nueva forma de ser conservadores cool y chic que los jóvenes han encontrado, como lo dice Caparrós.

 

Al hablar de ese ataque, me refiero, por el contrario, a algo mucho más peligroso que unos simples adolescentes criticando desde su cuenta de Instagram: el poder punitivo del Estado. Un poder, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, que ha iniciado una cruzada brutal, fenomenal, en contra de las empresas que se dedican a esta actividad.

 

El modus operandi es, en todos los casos, más o menos el mismo. Y hablo del tema con autoridad, ya que conozco, con ocasión del litigio, decenas de estos casos. Para la elaboración de este artículo, me he entrevistado con varias fuentes de la misma Fiscalía, quienes me han asegurado que esta modalidad se está replicando una y otra vez.

 

¿Cómo funciona?

 

La cosa funciona así: en un primer momento, son enviados mensajes anónimos con destino a varias entidades, incluida la Fiscalía, en los que se acusa a una determinada empresa de estar adelantado actividades de lavado de activos a través de la explotación o la comercialización de metales preciosos. Los anónimos son persistentes.

 

Luego, la Fiscalía, con una casi nula investigación, decide capturar a los propietarios y funcionarios de dicha empresa, para imputarles cargos por el delito de lavado, en concurso con otros delitos.

 

En la mayoría de los casos, el asunto viene acompañado, como no podría ser de otra manera, de una solicitud de medida de aseguramiento intramural. Afortunadamente, son pocos los jueces que aceptan esta solicitud, ya que se han percatado de que el asunto está sostenido sobre débiles pilares.

 

El caso ha iniciado, no sin que la misma Fiscalía filtre a los medios de comunicación los espectaculares operativos. Luego, ya asentado el polvo mediático, los abogados revisan las pruebas, para llegar a una pasmosa conclusión: no hay una sola evidencia seria y fundada del lavado de activos. No hay una sola prueba seria de cargo que permita concluir que se ameritaba la imputación, mucho menos una medida de aseguramiento.

 

Los jueces, que ya se han alertado de esto, o bien anulan los procesos, o bien declaran inocentes a los enjuiciados. Claro, sobra decir que, mientras todo esto sucede, la misma Fiscalía, pero esta vez de la mano de la temida Unidad de Extinción de Dominio, acaba con las empresas cuya administración les fue encomendada. Nada raro para la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que todo lo acaba.

 

El proceso penal dura años, siempre con cambios de fiscales que, erráticos, van a las diligencias simplemente a sostener unas pruebas endebles que, en el mejor de los casos, darían para una multa de tránsito. La evidencia está para quien la solicite.

 

Incluso, algunos de los fiscales con los que he podido hablar del tema abiertamente, y que han pedido mantener la reserva de su nombre, reconocen que los procesos están llamados a fracasar, pero que les es imposible no seguir con la acusación y su pretensión punitiva, por cuanto han recibido instrucciones claras de que el trámite debe seguir, sin importar los resultados. Varios medios de comunicación han publicado algunas de estas historias que, además, y como si fuera poco, han sido vinculadas con hechos de corrupción y serias irregularidades dentro del ente acusador.

 

Denuncias por delitos ambientales

 

Otra modalidad que se ha detectado está relacionada con las denuncias que se inician en contra de las empresas mineras por delitos ambientales. Igual que en los casos arriba descritos, la Fiscalía recibe quejas anónimas de que ciertas empresas han contaminado y, nuevamente, empieza el proceso: capturas, imputación, medidas de aseguramiento e intervención de la SAE, que quiebra a la empresa.

 

Por decenas son los casos en los que se acusa, anónimamente, a las empresas mineras de actuar por fuera de la ley, al señalarlas como pagadoras de coimas o evasoras de impuestos o, en el peor de los casos, como patrocinadoras de grupos ilegales.

 

No son pocas las veces que, además de la Fiscalía, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y algunas agencias estatales –de esas que pululan– atacan decididamente a las mineras, con la expedición de actos que, a la postre, resultan ilegales, pero que lograron causar un daño significativo a las compañías.

 

Estos hechos que, insisto, son muchos y cuya evidencia está para quien la reclame, solo tienen en común una cosa: el ataque, desde la institucionalidad, a la actividad minera en todas sus fases: extracción, comercialización y exportación.

 

Preocupaciones

 

Lo anterior debe preocupar por dos cosas: la primera es que los procesos de defensa en contra de los ataques de instituciones como la Fiscalía o la Dian, por nombrar solo algunas, no son fáciles de ganar. No lo son, porque el poder que tienen estas entidades es enorme, casi ilimitado. Ni hablar del daño reputacional que padecen los ciudadanos que son vinculados a los procesos penales.

La segunda razón para preocuparse es aún más poderosa, porque necesariamente lleva a preguntarse ¿quién está tras este ataque, tan bien coordinado, tan preciso, tan repetitivo? Porque, además, atérrese apreciado lector, las compañías que han denunciado la aparición de estos anónimos no han recibido respuesta alguna de la Fiscalía. Así de presurosa para acusar a las empresas, así de lenta y pausada para investigar cuando son las empresas las que claman por justicia.

 

Este es un típico caso de justicia selectiva, en el que aquel que investiga ya ha tomado partido, dejando de lado el artículo 115 de la Ley 906 del 2004, que impone a la Fiscalía el deber de actuar con objetividad.

 

Coctel letal

 

Claro, nadie propone en estas líneas que las grandes corporaciones de minería estén exentas de la mano de la justicia, faltaba más. Pero una cosa es ser responsable por sus actos y otra, muy distinta, es que le apliquen un coctel letal de anónimos injuriantes, fiscales mal preparados crédulos de los misteriosos panfletos, imputaciones mal elaboradas y extinciones de dominio que se asemejan más a las expropiaciones socialistas, antes que a los procesos garantistas.

 

Varios medios de comunicación han dedicado largas y profundas investigaciones a estos casos, en los que se han documentado prácticas muy poco éticas –ilegales, para decirlo claramente– por parte de funcionarios de la Fiscalía. De la delincuencia se espera poco o nada, y que actúen en las sobras es apenas natural; pero, ¿qué decir cuando la Fiscalía es más oscura que los que persigue?

Insisto en que la gravedad de los hechos, el daño causado, así como lo estandarizado del ataque obligan a que la industria se haga la pregunta ya señalada y ahonde en ella. Y que, desde los grupos y centros de pensamiento que los industriales patrocinan, se eleven estas preocupaciones a las entidades gubernamentales, empezando, cómo no, por la misma Fiscalía General de la Nación, que debe extirpar este padecimiento.

 

En fin, habrá que seguir dando la batalla, con la ley en una mano, la paciencia en la otra y la duda en la mente: ¿quién está detrás de esos ataques? y ¿cuál es su verdadero objetivo?