Los invisibles en la reforma laboral

Iván Camilo Jiménez Uribe
Profesor del Departamento de Derecho Laboral y Seguridad Social  
Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana

Nací y crecí en un municipio cercano a Bogotá de nombre Chía, pero mi familia en sí fue producto de las regiones. Mi madre producto de la unión entre paisas y boyacenses, y mi padre fruto de la unión entre tolimenses y el desplazamiento por la violencia de La Palma (Cundinamarca). Y como crecí en regiones, mis abuelos, abuelas, tíos, tías y mis padres solían siempre compartir sus reflexiones y aprendizajes a modo de refrán, y así se me fueron quedando muchos dichos populares en la cabeza. En medio de las discusiones que se vendrán sobre las nuevas propuestas de reforma laboral en este último bimestre, creo que no hay mejor frase para definir lo que ha venido pasando que la siguiente: “No hay peor ciego que el que no quiere ver”.

Las iniciativas

Para empezar, visibilicemos lo que está sucediendo desde el punto de vista político y es que el contexto evidencia un oportunismo sin precedentes para adueñarse de los discursos con fines electorales y poco técnicos, por decir lo menos. En este momento, en el Congreso hay varios proyectos de ley enfocados en reformar la legislación laboral y que, por supuesto, los ciudadanos merecen conocer y debatir.

La primera presentada fue del Partido Conservador, que incluye una reforma a la estructura del contrato individual de trabajo, aparentemente diseñada para fortalecer el tejido empresarial, pero basada en ideas que en algunos apartes son antitécnicas, como alejarse del concepto de discapacidad de la Ley Estatutaria de Discapacidad o proponer una serie de subsidios que no están cuantificados, ni presupuestados previamente. La segunda fue una propuesta del Centro Democrático enfocada en llevar a ley estatutaria los principios del artículo 53 de la Constitución Política, también enfocada en el contrato individual de trabajo.

Propuesta del Gobierno

La tercera, y sin embargo más protagónica en el debate político, es la propuesta del Gobierno Nacional, que incluye, a grandes rasgos, la ponencia de María Fernanda Carrascal del primer semestre que se hundió por tránsito de legislatura, con un añadido de disposiciones “especiales”, que indican que, en caso de que periodistas o coteros tengan contrato de trabajo se les reconozcan los derechos de los contratos de trabajo (es decir, nada nuevo y una afirmación política para mover la ingenuidad del público, porque si hoy las personas tienen contrato de trabajo, deben tener los derechos provenientes de este).

En derecho colectivo, la propuesta es similar a la del semestre pasado, sin delimitar los servicios públicos esenciales en los que está prohibida la huelga, competencia que es exclusiva del legislador, según el artículo 56 de la Constitución y la Sentencia C-122 del 2012, soportando, además, una negociación colectiva estática fundamentada en la firma de convenciones colectivas y permitiendo que la gran empresa o representativa del mercado lidere una negociación que afecta a sus competidores.

¿Qué pasará entonces cuando por vía de un acuerdo colectivo atado a costos laborales se empiecen a eliminar competidores de los mercados y tenga que intervenir la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)? No es menor, porque la SIC ya ha tenido que intervenir en el mercado laboral, como cuando tuvo que abrir proceso por los vetos que había en el futbol profesional masculino. Incluso, en esta propuesta se incluye una serie de derogatorias nuevas que eliminan por completo las facultades de las asambleas generales de afiliados, es decir, le quitan el poder a los asociados de definir sobre la organización que conforman, posición que, sin duda, es contraria a la lógica de cualquier derecho de asociación, incluido el derecho de asociación sindical.

La última propuesta presentada es proveniente de la Andi, acogida por un grupo de congresistas del Centro Democrático. Esta se esfuerza un poco más por entender una realidad del mundo laboral colombiano, pero también se queda corta en las reflexiones de cara a lo que han discutido las organizaciones sindicales, o las necesidades del debate que se vieron en el primer semestre, y deja mucho que desear en la aproximación del derecho colectivo, con solo dos artículos, enfocados en limitar la autonomía de las partes para negociar libremente y en la construcción de una única convención colectiva. Esta propuesta, aun cuando merece ser objeto de críticas y retroalimentación, pareciera ser la más consciente de la situación del trabajo en Colombia y es la única que, al menos, trae una innovación con la idea de una “ventanilla única de trámites”, que estaba en el trabajo denominado Reforma laboral desde la academia 2.0, de los observatorios Laboral y Fiscal de la Universidad Javeriana, que puede ayudar a formalizar, sin tener que pensar en la famosa “flexibilización” o en la disminución de costos laborales.

La realidad

Por ahora, sin embargo, brilla por su ausencia en este segundo semestre debates con una concepción técnica, económica y sociológica del trabajo, porque la mayoría de trabajadores en Colombia, que son informales o no tienen contrato de trabajo y son más de 10 millones, no están organizados para hacerse visibles, pero ahí están, trabajando en el rebusque, fundando emprendimientos como independientes, asociándose en una cooperativa o en una asociación mutual, invisibles para quienes solo hablan del contrato de trabajo.

También son invisibles la mayoría de los trabajadores formales del país que no pertenecen a una organización sindical u organización de trabajadores que les den voz y, por ende, continúan en silencio, viendo que sus condiciones de trabajo se debaten entre si son “costos” o “derechos”. Las cargas administrativas asociadas al contrato de trabajo, como provisiones contables (lo que obliga a contratar un contador), afiliaciones, la inentendible PILA y las nóminas electrónicas, que son las que acaban a las mipymes y que fortalecen mercados oligopólicos, debido a que solo un sector muy pequeño del sector empresarial es el que tiene la oportunidad de asumirlas, tampoco se debaten a fondo.

Hoy, todas las propuestas se niegan a ver que el trabajo en Colombia y en el mundo ha evolucionado y que las reflexiones sobre el trabajo y la seguridad social se enfocan en el empleo, el tejido empresarial competitivo, el aseguramiento del ingreso y la protección social, sin importar si hay o no un contrato de trabajo. Hoy, crecen las economías colaborativas, cooperativas y también las industriales y cada una tiene en camino un mundo enfocado a la protección, porque todas hacen parte del enfoque hacia el trabajo decente.

Es imposible que no haya alguien con la sensatez de ver que el mundo del trabajo es plural y que no puede pensarse únicamente desde una relación obrero-patronal del siglo XX. Es necesaria una visión más humana, donde la protección se base en el ser humano que trabaja, sea cual sea la modalidad en la que lo haga y no dependa de la existencia de una estructura contractual y regulatoria que, en muchos sectores, termina siendo obsoleta y se convierte en una barrera discriminatoria que aleja los escenarios de protección. En fin, la tesis en cuestión es si realmente estas situaciones son invisibles o si, simplemente, hay un ciego que no las quiere ver.