Las pensiones: una zona de promesas incumplida, porque el mundo cambió

Carlos Adolfo Prieto Monroy

Miembro del Observatorio Laboral

Pontificia Universidad Javeriana

La hipótesis que quiero plantear es esta: por cuenta de las circunstancias actuales que afectan el crecimiento demográfico, la expectativa de vida de las personas y las dinámicas estructurales del mercado laboral colombiano, el modelo pensional de reparto simple, que en Colombia administra Colpensiones y que se conoce como el Régimen de Prima Media (RPM), parece ser críticamente inviable en el mediano plazo, y las reformas normativas propuestas por el Gobierno Nacional ni siquiera plantean la necesidad de, cuando menos, mitigar esa circunstancia.

Una aproximación

Para entender la dinámica del problema, merece la pena una descripción rápida de este modelo pensional: diseñado en la Alemania de finales del siglo XIX, el modelo de reparto simple se basa en el recaudo de cotizaciones o aportes, con cargo a los salarios de los trabajadores jóvenes, que se incorporan en un fondo común, con cuyos recursos la entidad administradora paga las pensiones de los trabajadores mayores que, al cumplir los requisitos legales –edad y densidad de cotizaciones–, se jubilan. El literal b) del artículo 32 de la Ley 100 de 1993 lo describe al señalar las características de nuestro RPM.

El modelo pensional de reparto simple, o de prima media con prestación definida, como se conoce en Colombia –y que es la base sobre la que se estructuró el sistema pensional colombiano desde la promulgación de la Ley 90 de 1946, que ha logrado sobrevivir en las leyes 100 de 1993 y 797 del 2002, y que se “repotencia” en el proyecto de reforma pensional promovido por el Gobierno Nacional– se basa en unos presupuestos, como lo son: (i) un mercado laboral formal con tendencia al pleno empleo, (ii) la solidaridad generacional y (iii) una expectativa de vida dada.

En la medida en que esos presupuestos varíen o se afecten, el modelo pensional basado en ellos también lo hará, de modo que cualquier delta en el empleo formal, en la tasa de reemplazo poblacional, así como en la expectativa de vida, determinará la suerte del modelo previsional, en función de su sostenibilidad.

En ese sentido, sociedades en las que prevalezca la informalidad laboral, en las que la tasa de reemplazo generacional sea negativa o tienda a estancarse, o en las que la expectativa de vida de las personas aumente, padecerán tensiones que afectarán negativamente a sus sistemas previsionales, en general, y en cuanto tiene que ver con el sistema pensional, en particular.

El mercado laboral

La intención de reforma laboral promovida por el Gobierno Nacional puso en el debate público una circunstancia que parece ser estructural del mercado laboral colombiano: la predominancia de la informalidad, que, según cifras del Dane, para el trimestre febrero-mayo del 2023, ronda el 58,1 % de la población ocupada, y, para el sector rural, asciende al 84,9 %. Esa circunstancia, ya por sí sola dramática, pone de presente la fragilidad del primer presupuesto de sostenibilidad de un modelo pensional de reparto simple, indicando que, en el mejor de los casos, el escenario de la formalidad laboral, que determina el conjunto de cotizantes al régimen de pensiones, no supera el 42 % de la población ocupada.

En un país con una población estimada de 52.215.503 habitantes, según el Dane[1], con una población ocupada de, aproximadamente, 21.500.000 para enero del 2023, el panorama laboral es, cuando menos, inquietante, del mismo modo en que lo es en el plano de las pensiones.

Con esta base, es procedente una conjetura: el mercado laboral colombiano no está en condiciones de asumir la carga financiera de un modelo pensional de reparto simple. Y, por lo mismo, desconcierta la posición oficialista, que insiste en anunciar una “reforma laboral” a la que no le interesa primordialmente mitigar la informalidad[2].

La solidaridad generacional

El modelo se reparto simple se basa en una promesa: la generación de trabajadores jóvenes financia, con sus cotizaciones, a las generaciones de pensionados. Y lo hace con la esperanza de que las generaciones de reemplazo hagan lo propio.

Y esa solidaridad generacional se concreta en la medida en que la tasa de reemplazo poblacional sea positiva, o cuando menos estable, y que la tendencia a que la edad media de la población sea joven o, en cualquier caso, no “vieja”.

Ahora bien, según datos del Dane, la proyección de la tasa de reemplazo poblacional del país muestra que Colombia llegaría al tope máximo de su población en el 2035, alcanzando un total de 55.990.158 habitantes, y registrando crecimiento negativo desde el 2051[3]. En esas condiciones, el bono demográfico –que corresponde a la proporción de la fuerza laboral que contribuye al sostenimiento de las personas dependientes– se consume al punto de que, a partir del 2046, se pierde y se convierte en impuesto demográfico, circunstancia en la cual los dependientes son más que los que componen la fuerza de trabajo[4]. 

Estos datos, que nos confrontan al plazo de dos generaciones, señalan que, de mantenerse esta tendencia demográfica, la promesa de la solidaridad generacional será imposible de cumplir, aun en un escenario de formalidad laboral preponderante, que, como se vio, no existe.

La expectativa de vida

Según datos del Banco Mundial, la expectativa de vida de los colombianos ha ido aumentando, desde los 57 años, en 1960, a los 73, en el 2021. Por su parte, el Dane establece que este indicador corresponde a los 77,3 años en el 2023. Colombia es un país que tiende a envejecer.

En un contexto normativo en el que la edad pensional se mantiene en los 57 años, para las mujeres, y 62, para los hombres, el aumento de la expectativa de vida implica la necesidad de un esfuerzo financiero de tal magnitud que permita el pago de las pensiones actualmente reconocidas, y el de las que se causen en el futuro, siempre que las variables de formalidad del mercado laboral –fuente de cotización– y la solidaridad generacional –fuente de fuerza laboral que devengaría los salarios que serían la base de la cotización– correspondieran a magnitudes suficientes como para mantener el bono demográfico. Sin embargo, la Colombia de hoy no cuenta con esos presupuestos.

La tormenta perfecta

El caso colombiano es un ejemplo de la concurrencia de estresores que afectan los presupuestos de sostenibilidad de un sistema pensional basado en el reparto simple; por eso, es curioso (y grave) que las propuestas de reforma normativa promovidas por el Gobierno Nacional en asuntos laborales y previsionales no tengan en cuenta estas circunstancias.

Y en materia pensional esto es particularmente grave, puesto que el modelo pensional de reparto simple –o de prima media, que al fin de cuentas es lo mismo– ya ha dejado ver sus dificultades financieras, y ni siquiera el marco jurídico más garantista está en condiciones de rescatarlo. El drama de las pensiones de reparto simple, que no es exclusivo de Colombia, es la prueba fehaciente de la materialización del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades.