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Solidaridad y pandemia. Las pymes y la cuarentena

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Solidaridad y pandemia. Las pymes y la cuarentena (Freepik)

Eugenio Gil Gil

Abogado, especialista en Economía Universidad de los Andes. Notario

 

Mucho se ha dicho acerca de los graves problemas que la pandemia ha desatado en nuestra economía. Se profieren actos gubernamentales de distinto orden, pero pocas soluciones han sido efectivas para prevenir una masacre laboral y la inminente extinción de un gran número de pequeñas y medianas empresas, que soportan en gran medida el empleo en Colombia. La vida y la salud han sido afortunadamente priorizadas por el Gobierno, pero el confinamiento obligado ha llevado a una parálisis generalizada de la economía. De allí que la prudencia del equipo económico del Presidente no es, en esta ocasión, buena consejera, porque las acciones de choque que la situación exige no dan espera. El estado de excepción le permite al Gobierno tomarlas, haciendo a un lado la ortodoxia económica. No son la regla fiscal, ni la inflación objetivo, las herramientas apropiadas. Por ello se impone la heterodoxia. Pero lo que menos puede hacer el Gobierno en esta crisis es dejar la solución de los problemas a la solidaridad de los agentes económicos, como manifestación del buen sentir de los colombianos, frase cliché que no va a mover los corazones de los banqueros, ni los de los arrendadores, que tienen una posición dominante en sus mercados.

 

En economía, el corazón debe callar cuando habla la razón. Pedir a los deudores del sector financiero que acuerden con sus bancos los alivios o a los arrendatarios que renegocien los contratos con sus arrendadores es enviar nuevamente al cordero a su inmolación, pero esta vez la deuda no será perdonada y la expiación habrá de ser más dolorosa. El “espíritu de solidaridad” solo es posible en sociedades que han alcanzado un alto grado de cohesión social. Los nórdicos la tienen, gracias al inmenso nivel de confianza entre sus ciudadanos, que va de la mano de un bajísimo grado de desigualdad. Según la Ocde, el 96 % de los daneses afirma “conocer a alguien a quien acudir en caso de dificultades”. La participación en sus elecciones se acerca al 87 %. ¡Confían hasta en los políticos! El altruismo es “endémico”. Claro, allá es Dinamarca… acá es Cundinamarca. La desconfianza y la falta de solidaridad de los colombianos anidan en la ruptura del tejido social, por nuestras aberrantes desigualdades.

 

Ahora bien, la crisis económica de las pequeñas y medianas empresas requiere soluciones gubernamentales directas, apoyadas en el artículo 334 de la Constitución, que le confiere al Estado poder de intervención “... para racionalizar la economía con el fin de conseguir (…) el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes”, y “… para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos”. Así que pretender que las pymes acudan a sus banqueros para que les suministren líneas de crédito de emergencia, sin o a muy bajos intereses, con plazos de gracia racionales, es un chiste cruel. El homo economicus en un régimen de mercado tiene un claro objetivo: ¡maximizar sus beneficios!, y la banca no es entidad de beneficencia, ni puede feriar dineros de sus ahorradores. Los locales de las pymes, sean arrendados o propios, consumen gran porción de sus ingresos, que hoy no están generando. El pago de las nóminas no puede aplazarse y todo el esfuerzo invertido en la creación de su empresa se irá por la borda cuando comiencen los despidos por el cierre forzado.

 

Otros países han actuado. Italia: moratoria de todas las hipotecas, hasta 18 meses. Sin acudir al banco, con las mismas condiciones crediticias. Suspendió el pago de seguridad social a las pymes y puso en la mesa 350.000 millones de euros para ayudas. España: moratoria de seis meses para impuestos a pymes e inyectó 200.000 millones de euros. Alemania dispuso liquidez ilimitada a las medianas empresas. Francia: 345.000 millones de euros, que se pueden usar para reducir la jornada de trabajo. Chile: 11.750 millones de dólares para, entre otras finalidades, proteger los ingresos familiares y la conservación de los puestos de trabajo. 500 millones de dólares para financiamiento de las personas naturales y las pymes. Brasil: 2.000 millones de dólares en “Programa Antidesempleo”.

 

Colombia ha fondeado a la banca, pero ¿será que ese dinero irrigará a las pequeñas y medianas empresas? Nada se ha dicho de la obligación de flexibilizar requisitos y agilizar los tiempos de respuesta al pequeño empresario, que se ve agobiado siempre ante la maraña de condiciones y termina en la puerta del infierno, donde va a encontrar un letrero como el de la Divina Comedia: ¡Perded toda esperanza los que aquí entráis! Hay que asumir medidas inéditas y dictar reglas imperativas, de lo contrario esa platica solo beneficiará a algunas entidades financieras que aprovecharán para “encajarse” y hacer jugosos negocios. Hemos entrado a una dimensión desconocida y ningún libro de economía trae el secreto de la panacea.

 

La inteligencia de los asesores gubernamentales tampoco requiere de mucha imaginación y deberán explorar ideas novedosas. El confinamiento de los empleados ha servido para que el empresario declare vacaciones colectivas o anticipadas, manteniendo los puestos de trabajo. Pero el 13 de abril, seguramente se prolongará la cuarentena. Las pymes tendrán que suspender los contratos por fuerza mayor, o darlos por terminados unilateralmente con indemnización, medidas extremas que perjudican al trabajador en mayor medida, en tanto agrega una tragedia más, ante la falta de un seguro de desempleo.

 

El Gobierno ha dejado en hombros de los empresarios toda la carga económica de la crisis. Vacaciones, o suspensión y terminación de contratos significan pérdidas por cierre de las actividades. El Ministro de Trabajo advierte que no autorizará despidos colectivos, para defender a los trabajadores y eso está bien, pero nadie está obligado a lo imposible. La suspensión por fuerza mayor no exige autorización administrativa y, a la postre, el costo de poner en funcionamiento la jurisdicción será más costosa para todos, porque la masacre laboral será inimaginable. Las alternativas de solución tienen que ser propositivas y el Estado tiene que hacerse corresponsable y no hacer soportar las cargas económicas exclusivamente en un sector de la sociedad, desentendiéndose de su papel nuclear de proteger a todos los colombianos, sin discriminación. 

 

Si el Gobierno le da al confinamiento general el carácter de medida sanitaria preventiva para evitar el contagio de los trabajadores, entonces la inasistencia del empleado tiene que considerarse como una incapacidad laboral. En el fondo así es, porque el covid-19 es una enfermedad común y activa el Sistema de Seguridad Social en Salud. Pero, además, lo que se busca con la cuarentena es precaver un riesgo laboral inminente, porque de no incapacitarse preventivamente, puede propagarse la enfermedad, y aquí entran en juego las administradoras de riesgos laborales. De manera que, con un decreto de emergencia, podría el Estado repartir las cargas públicas derivadas de la pandemia, salvar los empleos, y dar un respiro a los pequeños y medianos empresarios, de conformidad con el artículo 95 de la Constitución.

 

La solidaridad, definida como “apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles”, solo será posible cuando seamos un país menos desigual, con alta cohesión social y gran nivel de confianza.

 

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