Los próximos retos: pensión asistencial y campesina, pensión familiar y pensión fiada
13 de Julio de 2020
Óscar Iván Palacio Tamayo
Director de la Fundación Defensa Ciudadana
La catástrofe social marcada por el fenómeno demográfico del envejecimiento ya tocó las puertas y las ventanas de Colombia.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), hoy somos 48,3 millones de colombianos. Se ignoran los residentes nacionales en el exterior que, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, se estiman en 4,7 millones, un 10 % de la población. Adicionalmente, y con ocasión de la migración venezolana, hemos llegado a los 50 millones de habitantes.
Por su parte, la expectativa de vida en el país pasó de 50,4 años, en 1955, a 75 años, en el 2019. Actualmente, 6.250.000 colombianos son mayores de 60 años, es decir, el 13 % de la población. De estas personas, solo 3 de 10 disfrutan de una pensión y, según la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), en 20 años, se pensionará uno de cada 10. Para el año 2050, se duplicará la población mayor de 60 años, y será el 26 % de los habitantes del país.
La totalidad de pensionados en Colombia por vejez, sobrevivencia e invalidez son 2,4 millones de personas, incluidos todos los regímenes (magisterio, territoriales, Fuerzas Militares, Colpensiones y fondos privados), y cuestan 41 billones de pesos, que representan el 18,3 % del presupuesto nacional.
Costo presupuestal
La alarma de los analistas económicos es el elevado costo presupuestal dirigido a un segmento minoritario. Su discurso se ha centrado en la esperada “reforma pensional”, que va dirigida a las acentuaciones paramétricas de aumentar los requisitos de semanas, edad, cotización y disminuir el monto de la pensión.
Los costos que recaerán sobre los empresarios y trabajadores cotizantes no compensan la otra Colombia informal, porque beneficia solo al 25 % de la población que logrará una pensión. En la medida en que se legisle para transformar la estrecha exclusión del actual sistema pensional, se podría generar consenso y respaldo en el mismo.
Próximos retos
La reforma pensional no puede limitarse a ajustar los desbalances de los actuales 2,4 millones de pensionados y 80.000 nuevos pensionados anuales, sin abordar la catástrofe humana de un país que envejece prematuramente en la pobreza, pues sería incompleto e insoportable, desde el punto de vista de la equidad, seguir ignorando esos lineamientos, especialmente en la cobertura.
El Estado debe avizorar, obtener y reservar recursos para atender a cerca de cuatro millones de colombianos que no tienen ni tendrán pensión y que, si no mejoran las condiciones, en el 2050, ascenderán a 15 millones.
La informalidad del empleo hoy oscila en un 50 % en grandes ciudades y hasta en un 95 % en los pequeños municipios y zonas rurales. Casi nadie cotiza, aun teniendo la capacidad de hacerlo. Debemos avanzar en la creación de empleo decente, de lo contrario, cualquier alcancía pensional se quiebra y solo se remienda con impuestos.
Se deben implementar modalidades de cotización por días, horas, temporadas, cosechas, extemporáneas, etc. Acorde con la realidad de los sectores rurales y urbanos informales, hay que facilitar las modalidades de pago, para integrarlos a la cobertura pensional.
Igualmente, es necesario propiciar una cultura del ahorro en los niños y jóvenes, para que adquieran una cultura intergeneracional de manejo del dinero, las finanzas y las reservas tendientes a cubrir los riesgos latentes de muerte, invalidez y vejez, aportando a las instituciones de seguridad social, lo que se verá reflejado en la sostenibilidad financiera del sistema.
Las leyes 100 de 1993 y 797 del 2003 lograron disminuir al Estado su deuda pensional de un 280 % a un 170 % del producto interno bruto (PIB), mientras que el Acto Legislativo 01 del 2005 la ajustó a un 109 % del PIB, pero a un alto costo social, de millones de colombianos excluidos de la pensión.
Es una falacia decir que nuestro sistema pensional solo favorece a los más ricos. La verdad es que el 51 % tiene una pensión mínima y hasta el 88 % de los pensionados reciben hasta tres salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). El 1 % tiene pensiones privilegiadas, que, generalmente, se reclaman de las superiores a 10 SMLMV. Aunque legales, contrastan con la pobreza y exclusión de millones de adultos mayores. En este caso se sugiere una retención en la fuente, con destinación al Fondo de Solidaridad Pensional.
Algunas propuestas
Mi propuesta en el debate de la reforma pensional se enfoca en dos contextos, que deben ir juntos, pero no revueltos. Por un lado, garantizar la sostenibilidad de los actuales y futuros pensionados, aumentando la cobertura, para que estos sean mucho más. Por el otro, atender a los actuales cuatro millones adultos mayores sin pensión. Lo explico de la siguiente manera:
Pensión asistencial
Se propone establecer una pensión no contributiva “asistencial” y/o la “pensión campesina para el sector rural”. Esta última priorizaría dicho segmento. Va dirigida a mayores de 65 años en los estratos 1 y 2, sin patrimonio y carentes de ingresos económicos. En dos modalidades: (i) “simple”, conformada por quienes nunca cotizaron o sirvieron al Estado, otorgándoles un equivalente a una tercera parte del SMLMV, y (ii) “mixta”, para quienes cotizaron o sirvieron más de siete años, en una cuantía que iría desde el 35 % hasta el 70 % del SMLMV. Es una oportunidad decisiva para la superación de la pobreza y la indigencia, con consecuencias positivas para el bienestar de las familias y la dinámica económica con una mayor capacidad de consumo.
Pensión familiar
Es necesario hacer efectiva la pensión familiar creada por la Ley 1580 del 2012, que permite a dos compañeros o esposos unir sus aportes y alcanzar lo requerido para una pensión mínima, modificando el artículo 3º de dicha normativa, que exige haber cotizado el 25 % de las semanas requeridas para la pensión de vejez antes de los 45 años. Este artículo ha impedido a 300.000 familias tener hoy pensión, ya que solo 450 familias la disfrutan, y no es una pensión asistencial, sino contributiva. Adicionalmente, en la reforma se podría incluir a otro miembro del grupo familiar y superar esta burla legislativa.
Pensión fiada
Para aquellos colombianos de nivel socioeconómico 1 y 2 del Sisbén, que hayan cumplido la edad, que no tengan las 1.300 o 1.150 semanas exigidas, en su orden, por Colpensiones o los fondos privados, y que tengan cotizadas más de 900 semanas, se les reconocería la pensión de vejez y, con esta, seguirían cotizando hasta completar las semanas requeridas. Esto aplicaría solo para pensiones de un salario mínimo.
Mantener el Fonpet
Desde su campaña, el hoy presidente de la República, Iván Duque, ha sido claro en que, más que una reforma pensional, quiere la protección en la vejez de los colombianos. Por ello, el Gobierno Nacional y el Congreso, con la mayor responsabilidad, deberán ampliar la capacidad de gestión y establecer indefinidamente el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), que fue creado en el gobierno de Andrés Pastrana, que evitó la quiebra y que está superando las obligaciones pensionales de los municipios y departamentos. Recordemos que su funcionamiento termina en el 2029.
Nuestra propuesta es mantenerlo de forma indefinida y sus actuales y futuros excedentes acompañarlos de otras fuentes de financiamiento, como recursos propios adicionales de los entes territoriales, regalías, loterías, estampillas y la creación de un impuesto nacional a las remesas, con destinación exclusiva al financiamiento de la pensión asistencial, la pensión familiar y todo lo pertinente a la protección en la vejez.
Para impactar la superación de la pobreza e indigencia en la vejez, todo auxilio al adulto mayor, pensión asistencial y beneficios económicos periódicos deberá ser igual o superior a la línea de la pobreza monetaria individual que indique el Dane. En el 2018, fue de 257.433 pesos.
En conclusión, la “bomba pensional” es un título que conmueve a todos y tiene unos efectos políticos para las pretensiones de los interesados en ella. Es un título sesgado e incompleto, porque se refiere únicamente a los actuales pensionados y los pocos que lo van a lograr. Debe extenderse a la problemática de los millones de nacionales que aumentan, año a año, y no tendrán pensión con un camino inexorable a la pobreza y miseria en la vejez. Se deben tomar medidas económicas y sociales tangibles e inmediatas, pues, de lo contrario, ya no será una bomba pensional, sino una bomba social incontenible.
La predicada y esperada reforma de protección en la vejez es una oportunidad de oro para que al término de este Gobierno la totalidad de adultos mayores de Colombia tengan una mejor calidad de vida, con la participación y acompañamiento legal, institucional y obligatorio por parte del Estado, las familias y la sociedad.
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