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La reforma pensional y la garantía de la cobertura

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Oscar Palacio

Óscar Iván Palacio Tamayo

Director de la Fundación Defensa Ciudadana

oscarivanpalacio@gmail.com

 

La catástrofe social marcada por el fenómeno demográfico del envejecimiento ya tocó las puertas y las ventanas de Colombia.

Según las cifras oficiales del Dane, se calcula que hoy somos 48,3 millones de colombianos. Extrañamente, se ignora la mayoría de los nacionales residentes en el exterior que, según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores, se estiman en 4,7 millones, un 10 % de la población.

 

Hoy, son 6.100.000 los colombianos mayores de 60 años, es decir, el 12,62 % de la población, en donde, paradójicamente, los colombianos que inician su existencia de cero a cinco años, son el 8,4 % de la población.

 

La expectativa de vida en el país pasó de 50,4 años, en 1955, a 75 años, en el 2017. No obstante, en la actualidad de estas personas en edad pensional, solo 3 de 10 disfrutan de una pensión y, según Asofondos, dentro de 20 años, solo se pensionará uno de cada 10. Se estima que, para el 2050, se duplicará la población mayor de 60 años, grupo que equivaldría al 25 % de los habitantes del país.

 

La totalidad de pensionados en Colombia por vejez, sobrevivencia e invalidez, son 2,4 millones de personas, incluidos todos los regímenes (magisterio, territoriales, Fuerzas Militares, Colpensiones y fondos privados), y cuestan 41 billones de pesos, que representan el 18,3 % del presupuesto nacional.

 

La alarma para los expertos económicos se debe al elevado costo presupuestal dirigido a un segmento minoritario. Por ende, se han centrado en la esperada “reforma pensional” que no va dirigida a otra cosa que a las decantadas acentuaciones paramétricas de aumentar los requisitos de semanas, edad, cotización y disminuir el monto de la pensión.

 

Esos enormes costos que recaen sobre los empresarios y trabajadores cotizantes no compensan la otra Colombia mayoritariamente informal, porque beneficia solo al 25 % de la población en edad de jubilación. Únicamente en la medida en que se legisle para transformar la oscura y estrecha realidad del actual sistema pensional excluyente y costoso, se podría generar respaldo y legitimidad en el mismo.

 

Próximos retos

 

Así, la próxima reforma pensional no solo puede limitarse en ajustar los desbalances de los actuales 2,3 millones de pensionados y 100.000 nuevos pensionados anuales, sino en abordar la catástrofe humana de un país que envejece prematuramente en la pobreza, pues sería incompleto e insoportable, desde el punto de vista de la equidad, seguir ignorando esos lineamientos, especialmente en la cobertura.

 

El Estado debe avizorar y reservar recursos para atender a 4 millones de colombianos que no tienen ni tendrán pensión y que, si no mejoran las condiciones, en el 2050, ascenderán a 12 millones. 

 

La propuesta es la formalización del empleo, que hoy oscila en un contraste del 50 % en las grandes ciudades y hasta en un 95 % en los pequeños municipios y zonas rurales. Casi nadie cotiza, aun teniendo la capacidad de hacerlo. Se ve lejano llegar a “formalizar” la totalidad del medio empleador, pero debemos avanzar en ello, de lo contrario, cualquier alcancía pensional se quiebra y solo se remienda a través de impuestos.

 

Debemos propiciar una cultura del ahorro, especialmente en los niños y jóvenes, para que, por su propia cuenta, adquieran la responsabilidad en asumir una sabiduría intergeneracional de manejo del dinero, las finanzas y las reservas tendientes a cubrir los riesgos latentes de muerte, invalidez y vejez, aportando a las instituciones debidamente establecidas para asegurarlos, lo que se verá reflejado directamente en la sostenibilidad financiera del sistema.

 

Con las leyes 100 de 1993 y 797 del 2003, el Estado logró bajar su deuda pensional de un 280 % a un 170 % del producto interno bruto (PIB), más el Acto Legislativo 01 del 2005, la ajustó a un 109 % del PIB, pero a un alto costo social, representado en millones de colombianos excluidos, cada año en aumento, que no alcanzan a adquirir su beneficio pensional.

 

No podemos caer en la falacia de los técnicos económicos que dicen que el sistema pensional colombiano solo favorece a los más ricos de la población. La verdad es que el 51 % tiene una pensión mínima y hasta el 88 % de los pensionados reciben hasta tres salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). Solo el 1 % tienen pensiones privilegiadas, que, generalmente, se reclaman de las superiores a 10 SMLMV, aunque legales, contrastan con la pobreza y exclusión de millones de adultos mayores.

 

La próxima reforma puede corregir las pensiones altas con un gravamen similar al que pagan los asalariados por retención en la fuente, con destinación exclusiva al Fondo Nacional de Solidaridad Pensional.

 

Algunas propuestas

 

Mi propuesta en el debate de la reforma pensional se enfoca en que debe legislarse en dos contextos, que deben ir juntos, pero no revueltos. Por un lado, garantizar la sostenibilidad de los actuales y futuros pensionados y, por el otro, atender a los actuales cuatro millones de colombianos adultos mayores sin pensión.

 

En la reforma no hay que temerle a tomar medidas que amplíen de modo urgente la cobertura, y la única forma es el establecimiento de pensiones no contributivas, que llamo “asistencial”, incluida la “pensión campesina”. Esta última priorizaría dicho sector, que es el más pobre, y beneficiaría a mayores de 68 años en los estratos 1 y 2, sin patrimonio y carentes de ingresos económicos, en dos modalidades: (i) “simple”, conformada por quienes nunca cotizaron o sirvieron al Estado, otorgándoles un equivalente a una tercera parte del SMLMV, y (ii) “mixta”, para quienes cotizaron o sirvieron más de siete años, en una cuantía que iría desde el 35 % hasta el 70 % del SMLMV. Este es un mecanismo decisivo en la superación de la pobreza y la indigencia, con consecuencias positivas para el bienestar de las familias y la dinámica económica en virtud de una mayor capacidad de compra.

 

Pensión familiar

 

Otra manera de disminuir la exclusión pensional es hacer efectiva la pensión familiar, que permite a dos compañeros o esposos unir sus aportes y alcanzar lo requerido para una pensión mínima entre ambos, eliminando el artículo 3º de la Ley 1580 del 2012, que exige individualmente a los que la pretenden haber cotizado el 25 % de las semanas requeridas para la pensión de vejez antes de los 45 años. Esta ley, pensada para favorecer a 400.000 familias, hoy solo tiene 450 pensionados, y no es una pensión asistencial, sino contributiva. Incluso, en la reforma se podría incluir a otro miembro del grupo familiar, y superar esta burla legislativa.

 

El Gobierno Nacional y el Congreso con responsabilidad, sin populismo, no pueden desconocer la realidad del aumento significativo de la expectativa de vida en Colombia. Por ello, para garantizar la sostenibilidad financiera y establecer ahorros dirigidos a la ya segura población que nunca tendrá una pensión, no pueden ser ajenos a contemplar un aumento de la edad, el cual debe hacerse de manera gradual y también poner un límite a las pensiones de prima media que no superen los 10 SMLMV, así como eliminar la desleal e inmoral competencia a favor de los fondos privados, en contra de Colpensiones, igualando el número mínimo de las semanas para la pensión de vejez, en 1.300 semanas.

 

Para no afectar derechos adquiridos o consolidados en el aumento de semanas, la edad, el tope de pensión y otros, es necesario establecer una transición, para que las nuevas reglas paramétricas solo se apliquen a las personas menores de 50 años.

 

Los actuales auxilios o cualquier asignación de carácter pensional asistencial, para que realmente impacten la superación de la pobreza y pobreza extrema de los adultos mayores, debe ser ligeramente superior a 250.000 pesos, y nunca inferior a 120.000 pesos, que es actual meridiano de la pobreza extrema monetaria en Colombia.

 

La próxima reforma pensional deberá legislar con visión de largo plazo. Además de los 10 millones de colombianos con un empleo formal, deben integrar paulatinamente 12 millones de colombianos de la masa laboral que hoy no están cotizando, porque, generalmente, no tienen con qué hacerlo y también para los cuatro millones de mayores que, inexorablemente, nunca tendrán una pensión.

 

También se pueden implementar modalidades de cotización por días, horas, temporadas, cosechas extemporáneas, etc., consultando la realidad de los actuales sectores rurales y urbanos informales, facilitándoles modalidades de pago, para integrarlos de alguna manera y tempranamente a la cobertura pensional.

 

En conclusión, la “bomba pensional” es un título que conmueve y preocupa a todos los colombianos y tiene unos efectos políticos para las pretensiones de los interesados en ella, pero es un título sesgado e incompleto, porque se refiere únicamente a los actuales pensionados y los pocos que lo van a lograr. Debe extenderse a la problemática de los millones de nacionales que aumentan, año a año, y no tendrán pensión con un camino inexorable a la pobreza y miseria en la población de los adultos mayores en Colombia. De no tomar medidas económicas y sociales tangibles e inmediatas para estas personas, ya no será una bomba pensional, sino una bomba social incontenible.

 

De la prudencia, inteligencia, solidaridad, conocimiento y compromiso de un buen gobierno que marchemos hacia un país más equitativo o estamos llamados a seguir compitiendo con Haití, Salvador o Uganda por el campeonato de la inequidad. Es impensable una reforma pensional sin una reforma laboral audaz que abarate y facilite la generación de empleos formales.

 

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