La responsabilidad de los programas de posgrados en Colombia

Nohora Elena Pardo Posada

Magíster en Derecho Administrativo

Directora (e) del Instituto de Posgrados de la Universidad Libre Seccional Bogotá

En la actualidad, son diversas las ofertas de posgrados para profundizar en los conocimientos sobre la práctica jurídica en Colombia. Si bien esto es un indicador importante de la preocupación de los profesionales y de las instituciones por fortalecer las competencias de los abogados, hay que pensar en cómo las universidades pueden desarrollar programas cada vez más acordes con las necesidades éticas para la construcción social, haciendo propio el concepto de responsabilidad social universitaria.

Así, el quehacer universitario conlleva la trilogía universidad-Estado-sociedad, inseparables en la búsqueda de la igualdad, solidaridad y respeto que deben imperar en el desarrollo de los pueblos. Por ello, la Universidad Libre ha asumido un carácter activo en el desarrollo social, que inicia a partir de la formación por competencias que se adquieren en el claustro y se extiende a cada uno de sus egresados, como actores que modifican su entorno económico, social y cultural, en cada una de las siete seccionales que la conforman. Para el caso de la seccional Bogotá, con sus cinco programas de maestrías y nueve de especialización.

En consecuencia, la formación en el nivel posgradual debe entenderse como un espacio de transformación de las prácticas cotidianas de la profesión de la abogacía, en el marco de la comprensión de la diversidad en Colombia, el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías y a las exigencias humanas para la convivencia en la diferencia, más aún cuando entramos en un proceso de interacción con actores que recién empiezan la vida civil, como el caso de las Farc. Ahora bien, este es un llamado a humanizar nuestras prácticas como docentes e investigadores, a pensar en los otros como interlocutores válidos y que se comprometen no solo por sacar adelante unos cursos con el fin de certificarse, sino también con hacer un mínimo aporte a las mejoras del país y de cada comunidad.  

De ahí que tal formación esté llamada a superar el tecnicismo y a aproximarse a las personas como el gran motivo de este nivel de formación profesional. Justamente, desde nuestras reflexiones académicas, debemos aportar a la solución y comprensión de los fenómenos sociales y jurídicos a partir de la tarea que tenemos como profesores y directivos de los programas de posgrados. Es probable que, si cumplimos con nuestro deber superando el sentido previsto por las mallas curriculares, la innovación y la investigación cobren sentido como resultado de los esfuerzos que desarrollan equipos de docentes investigadores y estudiantes.

Proceso formativo

Entonces, no se trata de saturar a los estudiantes con información, sino, en nuestro quehacer institucional, mediar en el proceso de comprensión, producción y valoración de la responsabilidad de las personas y su papel como actores sociales clave para la formulación de proyectos que faciliten la convivencia. Esto, seguramente, redundará en mejoras en términos de eficacia en el sistema de justicia en el país, pues egresados de programas de posgrado responsables de sus ideas, competentes en lo disciplinar y en lo ciudadano –dígase en lo humano– impactan sus entornos laborales para mejorar y fortalecer las dinámicas profesionales.

Una de las improntas que justamente caracteriza la oferta académica de la Universidad Libre es la formación en investigación. Es cierto que todos los estudiantes no se dedican estrictamente a ser investigadores; sin embargo, este proceso pedagógico les facilita herramientas para la comprensión de las realidades sociales que pueden ser intervenidas por el Derecho, bien sea para mejorar, mantener o transformar algunas prácticas sociales. Tal característica propende por el desarrollo de las competencias del profesional, así como por su capacidad de reflexión, que supera el nivel estrictamente legalista y conlleva una crítica necesaria para la actuación idónea en el mundo.

En el marco de esta reflexión, conviene entonces que los equipos de docentes e investigadores de los programas de posgrados identifiquen las líneas de investigación para aportar a las condiciones sociales actuales, claro está, según las características misionales de cada universidad que oferta este nivel de formación a los abogados. Así pues, cada institución puede trabajar en el diálogo constructivo con sus equipos de docentes e investigadores, para someter a la sana crítica tales líneas de investigación, a la luz de las necesidades del país. Esto debe arrojar como resultado un reconocimiento de los saberes y haceres por mejorar o fortalecer en las instituciones, incorporando, al tiempo, un sentido de pertenencia que genere más compromiso sincero por parte de docentes, investigadores y estudiantes, en la generación de nuevo conocimiento y soluciones a las problemáticas sociales que puedan intervenirse, en nuestro caso, en Derecho.

El Derecho y las TIC

Cabe decir que urgen ayudas como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como capacitaciones a los docentes, no solo en lo disciplinar, sino en lo pedagógico. Todo esto para que los esfuerzos de los programas de posgrado alcancen mejores niveles de comunicación en la comunidad académica, creando redes que faciliten una didáctica del Derecho, más allá de las entregas de los productos. De este modo, el espacio de formación en posgrados se convierte en una interacción entre docentes, estudiantes e investigadores, procurando responsabilidad en el seguimiento de las propuestas de los estudiantes, hasta su posible socialización o publicación, o, incluso, a su difusión en instancias diferentes a las de las universidades, para fortalecer o mejorar procesos sociales y jurídicos. 

Esto indica que es muy importante que los resultados investigativos tengan impacto en las comunidades académicas, específicamente en la forma de socialización de estos, así como los resultados obtenidos por los estudiantes de los programas de posgrados. Tales desarrollos bien pueden contribuir con soluciones desde la academia, lo que constituye una evidencia de cómo los profesionales son efectivamente competentes y saben responder ante los cambios y las necesidades a los que se enfrentan a diario.

Finalmente, conviene invitar a los directivos de los programas de posgrados a una reflexión sobre la responsabilidad que tienen en el fortalecimiento de las competencias no solo profesionales, sino ciudadanas de quienes hacen parte de sus instituciones como estudiantes y profesionales. Así, la responsabilidad de los programas de posgrados no llega solo a que se cumpla con los requisitos de acreditaciones y registros para ofertar. En cambio, se trata de que cada vez nuestras ofertas brinden posibilidades de reflexión y actuación acordes con la realidad humana en el marco del respeto por las diferencias y la necesidad de convivir y alcanzar un mayor desarrollo profesional y humano.

Seguramente, todo esto repercutirá en profesionales realmente comprometidos con su entorno. Con ello, desterraremos la indiferencia y el individualismo que tanto daño ha causado en Colombia. Desde las aulas, los docentes somos los responsables del futuro y, por eso, tenemos que generar las verdaderas revoluciones que transformen la realidad con las dinámicas de construcción social. Esta labor no es fácil, pero el compromiso se ha asumido y la Universidad Libre propende para que sus egresados de posgrados sean transformadores sociales y artífices de un futuro mejor.