La educación jurídica también en crisis

Francisco Reyes Villamizar Miembro de la Academia Internacional de Derecho Comercial societario@gmail.com

Nuestro progreso ha sido notorio en muchos aspectos. Hemos pasado de ser una nación asolada por todos los males descriptibles, a una relativa –aunque todavía frágil– estabilidad. El avance en algunos campos, especialmente económicos, da la sensación de un país viable que podría, incluso, llegar a ser exitoso en el futuro.

La apuesta gubernamental relativa al ingreso a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) tiene cierta lógica, porque permitiría la comparación objetiva de los principales indicadores económicos y sociales colombianos respecto de aquellos de los países más avanzados. Pero, como ya se sabe, el ingreso a la OCDE estará sujeto al cumplimiento de una multiplicidad de materias en las que nuestro país sigue rezagado.

Por una parte, es evidente que entre nosotros la corrupción es un mal endémico que se agrava, además, por el hecho de que no existe voluntad real de curarlo. Algo parecido ocurre con la educación. Se ha anunciado como hecho cierto que “Colombia deberá ser en 2025 el país más educado de Suramérica”. No parece muy realista ni seria esta afirmación si se considera el estado actual del sistema educativo colombiano. Luego de las pruebas PISA (administradas, precisamente, por la OCDE) ha quedado claro que no estamos propiamente en un Nirvana en esta materia.

En esta evaluación objetiva Colombia ocupó el último puesto entre 44 países valorados. Todos los clichés del estilo de la “Atenas suramericana”, “el mejor castellano de América” y otras boberías semejantes han sido derrotados ante la contundencia estadística de estas cifras.

Y en el caso de la educación jurídica las cosas no son propiamente halagüeñas. La proliferación de facultades de Derecho, programas de especialización, maestrías, doctorados, diplomados, seminarios y programas de educación continuada son muestra elocuente del descontrol de la educación jurídica en Colombia.

Alemania unificada, con 85 millones de habitantes, tiene hoy 34 facultades de Derecho. Es decir que existe una escuela de leyes por cada dos y medio millones de habitantes. En Colombia hay cerca de 200 facultades de Derecho. Tenemos, pues, una de estas escuelas jurídicas por cada 235.000 habitantes, o sea, casi 10 veces más que en Alemania.

El modelo colombiano no es sostenible. No puede concebirse, salvo que se sacrifique la calidad, que puedan ofrecerse tantos y tan variados programas de educación legal. Y los deplorables resultados de este sistema están a la vista. El columnista de Semana Antonio Caballero lo ha descrito magistralmente: En Colombia “se enreda todo, y todos los culpables quedan impunes. O, por el contrario, son castigados los inocentes. (…) Eso es así cualquiera que sea el delito o la falta: leve o grave. Y cualquiera que sea su índole: penal, civil, administrativa, disciplinaria”.

A la luz de esta realidad, es obvio que se requieren reformas sustanciales y no simples paños de agua tibia. La carrera de Derecho debe someterse a un replanteamiento severo, no solo para hacer más exigentes los requisitos para la apertura de nuevas facultades (contrario a lo que se hizo con la Ley 30 de 1992), sino para replantear toda la estructura de la carrera.

Los resultados de las mencionadas pruebas PISA sugieren que, además de una reingeniería de la educación básica y secundaria, se requiere también una mayor selección de los estudiantes de Derecho para garantizar, cuando menos, que quienes ingresen tengan un grado suficiente de comprensión de lectura.

Por ello, convendría migrar hacia el modelo estadounidense donde el programa de Derecho es un postgrado, en el que se exige como requisito de admisión un título universitario previo. Así, el estudiante de Derecho llega a la facultad luego de haber cursado cuatro o cinco años de educación universitaria. Aparte de las indudables ventajas que este régimen ofrece en términos de mayores conocimientos de los estudiantes que ingresan a las escuelas de Derecho, este modelo educativo permite redefinir con seriedad tanto el pensum de la carrera, como la pertinencia y viabilidad de los cursos de maestría y doctorado.

Desde luego que una modificación de esta naturaleza exigiría un análisis detallado, entre otras razones, porque daría lugar al cierre de muchas de las facultades que actualmente operan en condiciones muy deficientes. Pero es indispensable promover la discusión sobre este asunto crucial, a pesar de que casi nadie quiera iniciarla. Es como si las realidades desaparecieran por el solo hecho de negarlas.