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Actualizado hace 15 horas | ISSN: 2805-6396

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Opinión / Ámbito del Lector


La autonomía universitaria y las carreras tradicionales

18 de Septiembre de 2023

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José Andrés Prada Gaviria
Abogado, traductor, especialista en Derecho Comercial y especialista en Derecho de la Empresa de la Universidad del Rosario

 

La mayoría de personas (por no decir todas) sueña con cursar, de acuerdo con su libre elección y preferencia, una carrera universitaria en el campo de las humanidades, de las ingenierías, de la medicina, etc., solo por mencionar algunos ejemplos.

Hasta allí todo es color de rosa. Pero creo, y esto es mi opinión personal, que existe un problema con la cantidad de profesionales egresados que salen cada año. A mi modo de ver, hay ciertas carreras que generan una saturación de profesionales.

Si bien es cierto las carreras tradicionales son las más demandadas en nuestro país, y que existe una autonomía universitaria en el sentido que las universidades son libres de ofertar las carreras que considere necesarias, debería haber una política estatal al respecto.

Un caso que considero pertinente traer a colación es el de Australia. Hace poco salió una nota periodística en un noticiero nacional en el que entrevistaban una pareja de músicos que había emigrado a ese país. Ellos mencionaban que eran privilegiados, pues podían estudiar la carrera que habían elegido, y no como otras personas que debían estudiar no lo que ellos querían, sino lo que el país demandaba.

He ahí el punto por resaltar. En Colombia, y por poner un ejemplo, ya que soy abogado de profesión, hay un exceso de facultades de Derecho y de profesionales egresados que muchas veces el mercado laboral no alcanza a absorber. Colombia es uno de los países que más abogados tiene por número de habitantes en comparación con otras naciones. Esto no es bueno ni malo, pero sí evidencia que, si existiese una política estatal en esta materia, los ciudadanos colombianos podrían pensar en cursar otra carrera distinta al Derecho, beneficiando al país y a ellos mismos.

Quizás, si existiese una política estatal que regulara las universidades y su oferta de carreras en el país, podríamos direccionar los profesionales hacia otras áreas que el país necesita. Desafortunadamente, en contraste con Australia, donde esto funciona, en el caso nuestro hay que ser conscientes de que nuestro país sufre de graves deficiencias en materia de seguridad y de oportunidades (sin mencionar otros problemas de índole social, políticos y económicos). Muchas regiones son azotadas por la violencia y la pobreza y no tienen las condiciones mínimas para que sus habitantes lleven un buen nivel de vida. Incluso, las ciudades capitales no se salvan muchas veces de estos temas y todos somos víctimas del flagelo de la inseguridad y la delincuencia. No es más que ver los noticieros para evidenciar que no vivimos en ningún paraíso y lo anterior podría repercutir negativamente en la implementación de una política pública en educación en Colombia, como a la que hago alusión.

A pesar de lo anterior, también se debe tener en cuenta que las universidades (en su mayoría privadas) se rigen por sus propios reglamentos y estatutos. Estas instituciones educativas gozan de la denominada autonomía universitaria (C. P., art. 69) y, en esa medida, no permiten la injerencia del gobierno, ni de ninguna entidad pública. Si bien deben cumplir con todo aquello que no sea contrario a nuestro ordenamiento jurídico, respetando lo dispuesto por el Ministerio de Educación, cada una goza de la libertad de fijar su programa educativo y sus matrículas, por mencionar un caso. Si bien muchas de ellas han ampliado su oferta de carreras en los últimos años, el Estado no puede obligarlas a decidir qué programas abrir o cerrar.

Esto si bien parece ser lo correcto en una democracia o en un Estado social de derecho como el nuestro[1], también se debe tener en cuenta que, según nuestra Constitución Política, prima lo público sobre lo privado. Y aquí está de por medio un tema de interés público. Es decir, el desarrollo y progreso no solo de nuestros profesionales, sino de nuestra Nación. Con buenas y acertadas políticas públicas podremos progresar no solo como país, sino como región. Contamos con gente pujante, pero esto no basta. Los programas educativos no pueden ser capricho de unas pocas universidades, sino que deben tener una logística y planeación. Hay demasiados profesionales cursando las mismas carreras. Algunos dirán que vivimos en un país de leyes y que deben existir suficientes abogados. Yo digo que hay una saturación de profesionales tradicionales y que debería haber una planeación hacia otras carreras en beneficio de nuestro país.

Es verdad que no somos Australia. Y muchas veces lo que sirve en un país en otro no es tan factible de implementar. Pero aquí podríamos llegar a una negociación que permita generar diversas profesiones a favor de todos. El Estado debería poner unas barreras a determinadas profesiones, limitando el número de plazas ofertadas y permitiendo que otras carreras sean abiertas y ocupadas.

Esto puede ser mal entendido o mal interpretado por quienes defienden la democracia y el libre desarrollo de la personalidad. A mi modo de ver, es un tema de interés público. La educación es un privilegio y con una adecuada política pública educativa se puede llevar a que nuestra nación progrese.

Hoy en día se habla que la inteligencia artificial va a modificar la forma en que trabajamos. Muchos trabajos como los que conocemos seguramente desaparecerán. Suele ocurrir con los años y con la tecnología. El problema está en que ahora las máquinas están desarrollando habilidades y capacidades que antes no tenían, reemplazando muchos trabajos que eran propios de los seres humanos y que han durado en manos del hombre por años. Esto llevará a que la humanidad conserve, por ahora, a diferencia de las máquinas, las emociones y otros sentimientos propios de la naturaleza humana. Esta nueva inteligencia artificial ha invadido campos como el de la creatividad, donde era impensado que una máquina pudiera llegar a intervenir.

Los nuevos empleos que aparecerán relacionados con el mantenimiento, programación, cuidado y demás de las máquinas, seguramente demandarán de nuevas habilidades por partes de los humanos. Estos empleos tampoco deben ser monopolizados por las universidades, sin una correcta y adecuada planeación y coordinación entre estos centros educativos y una política pública adecuada.

Nuestros gobiernos y gobernantes deben dejar de lado esa ambición por pasar a la historia y hacer lo que se les dé la gana en sus periodos presidenciales y de gobierno. Debe haber políticas públicas claras, transparentes y duraderas que no solo piensen en enriquecer y beneficiar a unos pocos, sino que verdaderamente representen los intereses del país y beneficien a todos, construyendo políticas públicas que rijan y orienten el actuar de nuestros profesionales en el desarrollo de la Nación. No basta con formar profesionales todos los días, si no existe un compromiso de interés público orientado y coordinado entre las universidades tanto públicas como privadas, por una parte, y el Estado, por la otra, pensando en el beneficio común.   

 

[1] Tal como lo dispone el artículo 67 de la Constitución Política, “la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social…” y el artículo 71 ibidem: “La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres…”.

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