Sagrilaft: el sistema de protección que necesitan las empresas

Muchas empresas pueden verse expuestas a un tema reputacional y tener riesgos en sus negocios por falta de seguridad a la hora de vincular personal, incluso, para generar relaciones comerciales con proveedores o clientes. El Sistema de Autocontrol, Prevención y Gestión de Riesgo Integral Contra Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sagrilaft) permite desarrollar investigaciones desde varias índoles, por ejemplo, de procesos ilícitos.

Con el Sagrilaft, se podrán verificar antecedentes judiciales, penales, disciplinarios y moratorios con el Estado; listas nacionales e internacionales contra el terrorismo, como la lista Clinton, la Interpol, la DEA, los papeles de Panamá o la liste Unique France, de aspirantes en un proceso de selección y hasta para la realización de temas comerciales con clientes y proveedores y, así, mitigar el riesgo de configurar nexos con el lavado de activos, los grupos terroristas o los actos ilícitos.

En nuestro caso, Colombia resalta al ubicarse como el quinto país con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en América Latina y el Caribe, según los últimos datos del Índice AML de Basilea. Este índice examina y evalúa la vulnerabilidad de 128 jurisdicciones en estas áreas críticas. Sin embargo, la implementación de esta política de Sagrilaft es independiente al estudio de seguridad y lavado de activos, que pretenden encontrar riesgos en las compañías vinculadas. Aun así, las dos figuras se complementan con el mismo fin: buscar salvaguardar la reputación de la compañía.

Pero, ¿quiénes están obligados a incorporar el Sagrilaft? A través de la Circular Externa 100-000016 de diciembre 24 del 2020, emitida por la Superintendencia de Sociedades, se identifican las empresas que a 31 de julio del año anterior hayan obtenido ingresos por más de 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (a hoy, 46.400.000.000 pesos) y que se encuentren sujetas a la vigilancia y control; agentes inmobiliarios y empresas del sector de comercialización de metales preciosos y piedras preciosas. También aquellas pertenecientes al sector jurídico y contable, al de la construcción de edificios e ingeniería civil y las relacionadas con activos virtuales y transferencia de los mismos. Siendo así, las organizaciones que se encuentren dentro de los sectores económicos mencionados y que cumplan con todos los requisitos deberán implementar una política contra lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y un manual de procedimientos.

Ahora bien, sin importar si usted se encuentra dentro de los obligados legalmente, es importante incorporar esta política de seguridad aminorando perjuicios y generando confianza desde su compañía. En resumen, realizar un estudio de seguridad salvaguarda la reputación e intereses de las organizaciones, dado que los aliados y contactos generarán mayor confianza, al crear relaciones comerciales con personas que no han sido vinculadas a problemas jurídicos o quienes tengan buen reconocimiento dentro del mercado.

Sara Valbuena, abogada tributarista y directora legal de Ventus Consultores