Ámbito del Lector

Inseguridad jurídica

13 de Junio de 2013

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Nota:

24045

El expresidente del Consejo de Estado Carlos Betancur Jaramillo envió a este periódico el extracto de la presentación de su libro Derecho procesal administrativo, con el fin de comentar la columna titulada Galopante inseguridad jurídica: ¿a quién clamar?, escrita por el exministro Néstor Humberto Martínez, que se publicó en la edición 370.

(N. de la D.)

“Si en la anterior presentación de este libro me quejé del derroche legislativo que vive el país, ahora frente a la octava edición sigo pensando igual. Con el agravante de que hoy no solo la ley es un auténtico rey de burlas, que da prestigio a quien la ignore, sino que la Constitución ha ido desapareciendo de su texto para convertirse en lo que los operadores judiciales quieren que sea. No será esto la versión moderna del ‘l' etat c'est moi?”.

“Desde hace algún tiempo, lo reconozco, invadido de un penoso pesimismo, creo que lenta pero imperceptiblemente vamos hacia la dictadura de los jueces. Subversión y es lo más preocupante, que no es ni siquiera intencional. No, las cortes, en medio del caos, se autonombraron los nuevos mesías para llenar las falencias de los demás órganos del poder”.

“En esto no nos podemos meter mentiras. Olímpicamente, por ejemplo, se ignora el art. 230 de la Constitución, porque nos incomoda que los jueces estén sometidos solo al imperio de la ley, incluida la Constitución, como es obvio (¡vaya despropósito!), cuando da más prestigio convertir sus criterios auxiliares en normas de máximo poder para hacernos sentir”.

“Así, la jurisprudencia, caótica e imprecisa, es obligatoria para tirios y troyanos, con grave riesgo para quien la desacate. La equidad, la nueva moral de tinte supraconstitucional, es norma ‘positiva’ rectora de la decisión de los jueces, convertida en criterio obligatorio sin desacato posible. La teoría del órgano colegiado ya no existe y por eso el quórum decisorio (la mitad más uno de los miembros de la Corporación y en algunos casos sus dos terceras partes) es una simple norma procesal o adjetiva que puede desconocerse por la mitad más uno de los presentes durante el debate decisorio. Igual suerte corre la garantía del debido proceso, la que para mí, con ingenuidad de viejo, lo reconozco, es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Pues no, el nuevo ‘jurista’ ya hizo su veredicto. Esa garantía es derecho adjetivo y como tal puede dejarse de lado para hacer brillar la prevalencia del derecho sustancial, así desaparezca en ese análisis la ley preexistente para el juzgamiento, el juez competente o la autoridad administrativa para su decisión y las formas propias del juicio o procedimiento que se deben seguir y aplicar”.

“Y es de ocurrencia frecuente que cuando en Colombia nos sentimos incapaces para hacer cumplir la ley, la cambiamos por otra para liberarnos de cierto complejo de culpa; como sucede también cuando un organismo del Estado se corrompe y le cambiamos simplemente de nombre. Y legislamos para impresionar, para el aplauso de la prensa o la tribuna y no nos desvela la suerte de los destinatarios de la ley, a menos que los podamos captar como botín electoral”.

“Me duele pensar así, porque me duele el país, me duele el poder judicial en el que laboré, orgulloso, durante casi cuatro décadas; y me duele tener la sensación de que los colombianos estamos contentos con un desbarajuste institucional que nos conviene”.

“Pero soy tozudo. Hay una nueva ley, la 1437, para el manejo de la jurisdicción administrativa; ley que, en mi opinión, no es la que necesita el país ni esta jurisdicción, la que desde hace varios años ha venido perdiendo su norte”.

“Pido a Dios que me equivoque y que esta ley no sea una nueva frustración, sino una solución milagrosa”.

“Estuve tentado a no escribir los comentarios contenidos en este libro. Pero, tampoco me pude sustraer a este curioso, deshilvanado y desueto testamento que está vaciado en sus páginas”.

“De ahí que en medio de las críticas, y pese a éstas, quise destacar sus aspectos positivos porque evidentemente los tiene (la audiencia inicial de los procesos es, entre otros, un auténtico acierto), porque sé de la buena fe, de la seriedad y del profesionalismo de los miembros de la Comisión del Consejo de Estado que redactó el proyecto, aprobado casi en su totalidad por el Congreso, organismo que parece no quiso molestar a los jueces de sus desinvestiduras”.

“Seguro que en estos comentarios me equivoqué muchas veces; pero reclamo que lo hice de buena fe. Lo reclamo porque ya ésta no se presume en Colombia. Así, ¿qué queda de la otra presunción de inocencia?”.

“Sigo considerando que la Ley 1437 tiene extremos inconstitucionales y por sobre todo me preocupa que pese al discurso publicista de algunos de sus textos, contiene la nueva ley una orientación marcadamente privatista que le da primacía al interés particular sobre el general”.