La contratación pública en Colombia tiene un problema esencial: parece que se estructuró a partir del principio de “desconfianza” en los servidores públicos que tienen a cargo la gestión fiscal. Esa falta de confianza se traduce en una serie creciente de disposiciones legales, que, por desgracia, distancian a la contratación estatal de la contratación privada, convirtiéndola en un obstáculo para el desarrollo de los fines misionales de cada entidad.

Propongo que la contratación estatal adopte, de una vez por todas, las formas típicas y atípicas de la contratación privada del Derecho Mercantil, disciplina jurídica que acoge el principio de buena fe y responsabilidad social en su carta de navegación.

Nuestro país debe cambiar, debe fomentar la educación en valores, la solidaridad y la partición de todos en los asuntos públicos, solo así se podría hacer frente a la corrupción, se evitaría hacer tantas reformas tributarias para cubrir los huecos fiscales, y la contratación estatal estaría en manos de servicios públicos que orientarían los procesos contractuales por cumplir con los fines de un Estado que se quiere desarrollar de manera sostenida y con equidad. 

ANDRÉS GUERRERO PARDO

Legal Advisor WB Colombia, Bogotá.