El Consejo de Estado ha reconocido la posibilidad de indemnizar los daños causados como consecuencia de la afectación de derechos fundamentales considerados en sí mismos, es decir, como un daño independiente de carácter autónomo. Con esta premisa, el alto tribunal declaró administrativa y patrimonialmente responsable al Distrito Capital de Bogotá por el maltrato verbal que sufrió una menor de edad, fallecida el 25 de julio del 2001, durante la clase de educación física celebrada esa misma fecha, en un establecimiento educativo distrital. En esta oportunidad, la corporación precisó que esta declaratoria de responsabilidad no se deriva de la muerte de la menor, sino de la vulneración a sus derechos fundamentales a la dignidad humana y a la educación (C.P. Danilo Rojas Betancourth).