Las universidades estatales pueden ejecutar los actos precontractuales y contractuales requeridos para la adquisición de equipos de cómputo, mediante sus propios procedimientos de contratación previamente establecidos o, si lo consideran, por el régimen de contratación estatal. En este caso, el objeto del contrato debe estar acorde con necesidades reales establecidas por la universidad para el cumplimiento de fines estatales, que contribuyan con el desarrollo de la educación pública. Así lo precisó la Contraloría General de la República, en concepto de abril.