En el marco de la cruzada antitramites promovida por el Gobierno y que hará efectiva mediante las facultades extraordinarias otorgadas por el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474/11), antes de finalizar el presente año, se eliminará el trámite del certificado judicial, anunció ayer el presidente Juan Manuel Santos. En consecuencia, las empresas e interesados en saber si alguna persona tiene antecedentes judiciales deberá acceder a las bases de datos del Estado, pero ya no será el ciudadano quien lo obtenga, explicó el mandatario.